Silencios

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A juzgar por los numerosos testimonios y videos que han circulado en los últimos días, el Ejército colombiano sigue utilizando armas largas en su campaña de erradicación contra los campesinos cocaleros. Es decir, el país sigue presenciando “choques” entre personas que defienden exasperadamente sus medios de vida, y soldados disciplinados, bien armados y dispuestos al parecer a disparar sobre la población civil sin escrúpulo alguno.

Por una vez en la vida, aquí no entran en juego “fuerzas oscuras” ni poderes misteriosos. Todo aparece con claridad prístina ante nuestros ojos. El que no vio fue porque no quiso.

Por desgracia, la reacción del país ante estos eventos es un silencio sepulcral. Los noticieros de televisión callan. Las burocracias civiles callan. El sector privado calla. Los oficiales del Ejército y la Policía que no gustan de estas cosas callan. Que yo sepa, ni una voz proveniente del llamado “establecimiento” siquiera se pregunta en serio cómo y por qué puede estar pasando esto.

Hagan ahora el contraste con los gringos. Pasan ellos por una dura crisis, uno de cuyos componentes es la práctica policial de disponer a placer de la vida de los negros. Las instituciones que permitieron que esas cosas sucedieran fueron puestas en pie por los dos grandes partidos, demócratas y republicanos; es difícil encontrar, en ese particular, diferencias entre ellos.

¿Pero cuál fue la reacción cuando el problemón salió a la luz? Una oleada de indignación recorrió el país. Los noticieros de televisión y la prensa se movilizaron. Empezaron a circular videos con distintos hechos, presentes y pasados. Muchos se esforzaron por oír la voz de las víctimas. Numerosos empresarios declararon que eso no podía seguir pasando. Políticos a nivel nacional, regional y municipal corrieron a tratar de detener la sangría y a imaginar reformas que pudieran impedir que continuara. Funcionarios estatales dejaron saber muy claramente que sus simpatías estaban con las víctimas y no con los perpetradores. De manera muy notable, oficiales del ejército y de la policía expresaron su indignación por lo ocurrido, se solidarizaron con los manifestantes y le pararon el carro a Trump cuando quiso tratar las protestas como un episodio de guerra. Hasta el general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, se excusó por haber estado presente en la ya tristemente célebre caminata de Trump hacia una iglesia mientras los uniformados dispersaban agresivamente a los manifestantes para que el presidente pudiera sacarse una foto con una Biblia.

Nadie puede decir que sabe qué pasará en, y con, los Estados Unidos. Sin embargo, es claro que muchas corrientes y fuerzas dentro de la sociedad y el Estado han querido responder a su tragedia con una apelación básica y fundamental: la de un destino compartido. Eso explica las horas de conversación dedicadas a hablar sobre el tema, así como los litros de tinta gastados.

Aquí pareceríamos preferir los litros de sangre. Pues precisamente es eso, la narrativa de un destino común –que, claro, resulta difícil debido a una historia construida sobre la exclusión racial, pero a la que pueden recurrir los gringos en estos momentos de crisis–, lo que brilla por su ausencia de manera aterradora en nuestro contexto. Cuánto delicado pudor y cuánto cuidado exhiben altos funcionarios y políticos al hablar de las “tragedias familiares”, pero cuán elocuente es su capacidad de omitir la violencia contra los civiles que ocurre debajo de sus narices.

La salida leguleya es, claro, decir: los hechos se investigarán. Paja. Con estas cosas no pasa nada. Es fácil demostrarlo. La evidencia sobre esto es abrumadora. Tales “investigaciones” son un juego torcido, con cartas marcadas.

Si no basta la convicción moral, piensen en las implicaciones. Pues estas cosas tienen consecuencias, siempre. O, usando el lenguaje de la ministra del Interior: si abandonan toda noción de destino compartido con sectores amplios de la población, después no tendrán el derecho de chillar por las consecuencias.

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