La silla embrujada

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Por: Edgardo Villamil Portilla*, Especial para El Espectador
 
Cuando en 1914 en México triunfó la revolución campesina, los ejércitos del Sur al mando de Zapata y los del norte bajo la orientación de Villa ingresaron a Ciudad de México, la leyenda cuenta que Villa invitó a Zapata a sentarse en la que creía era la silla presidencial para tomarse la foto del momento, ante la insistencia de los fotógrafos Zapata se rehusó diciendo: “La silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se sienta en ella se convierte en mala“.

El fenómeno de la silla embrujada se repite en Colombia de manera muy recurrente, pues cualquier personaje más o menos anónimo con desmedidas ambiciones, aprende las acrobacias de la movilidad burocrática y la administración de las ambiciones ajenas, con lo cual puede escalar y escalar posiciones. Lo que se reprocha no es la legítima acumulación de méritos y experiencias, sino el uso deliberado de un cargo para proyectarse a otro, tomando el que debiera ser servicio social como un simple peldaño de una escalera y poniendo estructuras institucionales completas al servicio de intereses individuales. 
El nombre para esto es corrupción.  A manera de ejemplo, en los llamados órganos de control, que el cargo sea usado para que el poder personal en esas instituciones haga metástasis y se reproduzca en beneficio personal o de grupos de intereses concretos y no del interés general como corresponde. 

El diseño de la Constitución de 1991 en la práctica auspicia la formación de redes electorales en las Cortes y en los órganos de control, de modo que se forman sistemas recesivos de mutua cooptación por virtud de los cuales, la designación de magistrados resulta interferida por los órganos de control y la designación de estos recibe la influencia de las Cortes en un proceso perverso de reciprocidades. No obstante, no hay espacio en estas notas para hacer la crítica completa al sistema, pues lo que se resalta ahora es la manera en que el embrujo del poder hace que los elegidos pierdan el norte y queden extraviados en el laberinto de sus desmesuradas ambiciones personales. 

Ha sido más o menos constante que quienes han ocupado la Fiscalía o la Procuraduría sucumban fascinados por el canto de sirena de la política. En los años de vigencia de la Constitución estas instituciones no han logrado ganar legitimidad social, por el contrario, su propia identidad constitucional se ha perdido, su razón de ser, el combate de la corrupción es hoy una causa perdida, las organizaciones delincuenciales y el delito han tomado una ventaja insuperable, es grave el deterioro de la justicia penal que depende de la actividad de la Fiscalía, sin catastrofismos hemos llegado a una especie de estado de naturaleza o de pre república en el que la banalización de la autoridad suscita una especie de existencia formal de una reglas que sólo residualmente se acatan. Así, los episodios más graves de macro corrupción se suceden unos a otros en una vorágine tan veloz que apenas perduran fugazmente en la memoria colectiva, produciendo una estado de atonía moral de la sociedad entera. 

La Procuraduría es una institución constitucionalmente inútil, su participación y su papel en los procesos judiciales no tiene justificación alguna, como no sea alimentar una frondosa burocracia nacional y local al servicio de los electores directos e indirectos. 

Desde luego que hay algunos avances en el reclutamiento de sus servidores por el sistema de mérito, pero eso no logra que es función materialmente inútil en los procesos judiciales adquiera alguna justificación. No obstante, una institución que debería desaparecer, como igualmente deberían abolirse las Contralorías locales, se mantiene porque políticamente es una especie de gueto en el que medran enquistados los intereses partidistas locales y nacionales; la nómina de la Procuraduría General de la Nación está al servicio de la política y por lo mismo, lejos de desaparecer o reducirse a su mínima expresión ha venido aumentado como un peso muerto sobre el presupuesto nacional, para alimentar las prácticas electorales. 

No obstante, quienes estarían en posición de cambiar ese estado de cosas se acuestan y levantan conscientes de esa realidad pero rehúyen siquiera considerarla por no pagar el costo electoral que ello significaría. Toda la sociedad entra entonces en un estado de resignación que se perpetúa, mientras que quienes han ocupado la silla embrujada olvidando el fracaso absoluto en la misión esencial de lucha contra la corrupción, sienten el llamado divino, el clamor incontenible por prestar un nuevo servicio al país, a ocupar otra silla encantada que permita la defensa de intereses puramente individuales o grupales y no del interés general. 

De otro lado, es evidente el fracaso rotundo de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción y en general en el cumplimiento de su función constitucional, por solo mencionar dos casos, la muerte del estudiante Colmenares y la ominosa imputación a Sigifredo López. 

A pesar de ello, no hay un proceso colectivo de exigencia de cuentas y determinación de responsabilidades, menos es de esperar que haya una sistemática evaluación estructural de las formas y mecanismos constitucionales de selección de los altos cargos que se hacen llamar dignatarios, quienes una vez entronizados olvidan por entero los afanes institucionales propios, y se vuelcan desembozadamente a incidir en la política nacional, en el proceso de paz y en las contiendas partidistas, determinando solapadamente desde los expedientes el curso de la voluntad electoral y reproduciendo una y otra vez los mismos esquemas viciados. 

La fascinación mediática es la espuma venenosa en la que naufragan pequeños espíritus, que en el escaño encantado reciben la lisonja y el incienso de los turiferarios profesionales que en su entorno les hacen creer que la salvación de la patria, o alguna mentira semejante, está atada a su mesiánica permanencia en el poder o en la transición a otra silla encantada, bien sea por sí o por interpuesta persona. 

El problema no es que la silla tenga un efecto mágico sobre las personas, ni basta con ponerla en la hoguera como sucedió en México, el problema grave es que la sociedad colombiana ya adecuó sus expectativas, de modo que nadie cree a los que mienten para acceder o mantenerse en la silla embrujada, lo que pasa es que a la gente poco o nada le importa, es una desconexión total de la práctica política con la sociedad, hay plena conciencia sobre que el propio ejercicio democrático es la vergonzosa sumatoria de una constelación de actos de corrupción, pero eso a nadie le importa. 

 

*Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, conjuez de la Corte Constitucional.

 

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