Simplemente no entienden

Un cúmulo de hechos recientes demuestra que el tema de los Derechos Humanos constituye el punto más sensible de las relaciones de Colombia con el mundo.

Siguen atascados dos tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos a causa de ello, sin que haya perspectivas de ratificación pronta en ninguno, por más que Obama haya nombrado al país en su discurso sobre el estado de la nación. Y los parlamentarios españoles, quienes realizaron una misión de verificación sobre el conflicto armado la semana pasada, van a pedir que la firma del TLC que aún se está negociando con la Unión Europea también se vincule a su defensa y respeto por parte del Estado.

Aparte de bloquear el TLC, los demócratas en Estados Unidos están solicitando que la asistencia militar que recibe Colombia tenga condicionamientos más fuertes, entre ellos que el Gobierno se comprometa a no estigmatizar el trabajo de los defensores de Derechos Humanos, y están cuestionando las bondades del Plan Colombia. En cartas enviadas a la Secretaria de Estado en diciembre de 2009 y enero de 2010, 53 congresistas y 3 senadores, respectivamente, manifestaron su preocupación por los “falsos positivos”, muchos de los cuales fueron cometidos por unidades del Ejército que han recibido ayuda estadounidense, así como los altos niveles de impunidad que existen en el país.

Además de solicitar que Estados Unidos exija un mayor cumplimiento en Derechos Humanos, piden la desmilitarización de la relación bilateral y mayor énfasis en temas sociales. El presupuesto de ayuda extranjera presentado por Obama para 2011 sugiere que sus argumentos están teniendo efecto.

Quienes hayan organizado el “agasajo” para 46 militares implicados y liberados en casos de “falsos positivos” —con aromaterapia, masajes, lechona y payasos incluidos— simplemente no entienden que en el exterior ello puede ser interpretado como un acto cínico e impune. ¿Acaso a los familiares de los jóvenes asesinados se les han ofrecido atenciones similares? Peor aún, a los ojos del mundo es difícil comprender cómo quienes inculcaron entre las tropas la mentalidad del body count siguen ocupando altos cargos militares (y diplomáticos), e incluso son candidatos a Fiscal General.

No entiende tampoco el Gobierno cuando se queja de que es víctima de falsas acusaciones de parte de otros Estados y organismos internacionales. Como el vicepresidente Santos, quien en respuesta a la carta de los senadores, pidió “mayor precisión” a la hora de criticar el Plan Colombia e invitó a los tres para que conocieran la realidad “verdadera”.

El manejo que distintos gobiernos han dado a los Derechos Humanos en la política exterior de Colombia ha variado durante los últimos 20 años, desde la negación de la existencia de violaciones, el rechazo de la responsabilidad estatal y la acusación a la guerrilla (y en menor medida los paramilitares), la cooperación a regañadientes, el cumplimiento mediante la firma de acuerdos y la neutralización de las críticas con estadísticas oficiales. Incluso, podría decirse que hay un reconocimiento de que el tema es importante, aunque más por presión internacional que por convicción propia. Sin embargo, mientras el Gobierno no entienda las lecturas que se hacen sobre el país desde el exterior los Derechos Humanos seguirán siendo su principal debilidad.