Por: José Roberto Acosta

Sin autoridad ambiental, ni un hueco más

Desesperado por el deterioro económico, el Gobierno recurre al dañino método de explotación petrolera del fracking, para recuperar la desaparecida renta petrolera, y además busca eliminar las consultas populares, para no incomodar a los mercenarios de la minería.

Es mala fe e hipocresía del Gobierno, de las directivas de Ecopetrol, de las empresas mineras y del populismo libertario priorizar la explotación de materias primas, de volátiles precios y poca utilización de mano de obra, a sabiendas de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es cómplice y alcahueta de una irreversible depredación ambiental.

Son muchos los escándalos que desde su creación en 2011, con el decreto 3573, han borrado la capacidad técnica y la autonomía financiera de la ANLA, capturada burocráticamente por Vargas Lleras.

Habiéndose emitido en octubre de 2014, con todo rigor técnico y formal, la negativa de licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico del río Samaná Norte (Proyecto Porvenir II) al grupo Celsia S.A., dos meses después se cambió a positivo ese concepto (ver expediente LAM 4697). Se prometió investigar este delito y hasta la fecha, nada.

Fue con el liderazgo de Ricardo Delgado Posada que en la ANLA se autorizó a Hupecol Operating LLC la exploración de hidrocarburos cerca de Caño Cristales, con la resolución 286 de 2016. El acto tuvo que revocarse y hoy esa empresa extranjera tiene demandada a la Nación por $83.000 millones, sin advertir que Delgado Posada fue su empleado, en abierto conflicto de intereses que ojalá tenga en cuenta la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Ya es conocido que la directora y subdirectores de la ANLA han trabajado para Ecopetrol y para uno de sus principales contratistas en temas ambientales, en abierto conflicto de intereses que vicia la autorización y supervisión para que el fracking se haga correctamente, tema que debe resolverse antes de empezar con este dañino procedimiento.

Ante lo anterior, las consultas populares han sido una bendición. Atacarlas con el argumento de que frenar la minería legal da paso a la ilegal sólo es reconocer la incompetencia de las autoridades. Atacarlas afirmando que sin minería no hay bienestar es reconocer nuestra incapacidad de superar el fracasado modelo de “economía fósil”. Vender barato el medioambiente hoy nos saldrá caro mañana. Mejor, sin afanes.

@jrobertoacosta1 [email protected]

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