Por: José Fernando Isaza

Sin daños colaterales

ES DIFÍCIL NO ESTAR DE ACUERDO CON los enunciados de seguridad, fomento a la inversión y cohesión social. El problema es la forma de aplicarlos por los daños colaterales que han traído.

En una democracia, el monopolio de las armas debe estar en manos del Ejército, con los controles del poder civil. Por lo tanto, si los grupos insurgentes pretenden hacer política armada, el Gobierno tiene toda la autoridad para combatirlos recurriendo al uso legítimo de las armas. La política del Gobierno de priorizar el combate y generar incentivos, por el “conteo de cuerpos”, llevó a formular y aplicar políticas que cercenaban los derechos de los ciudadanos y estimuló los asesinatos de inocentes por miembros de la Fuerza Pública. Al iniciarse el primer período de gobierno se aprobaron leyes que permitían la violación de correspondencia, la intercepción de llamadas, las detenciones, muchas veces masivas, todo sin orden de autoridad judicial. En buena hora la Corte Constitucional, por vicios de trámite, declaró inexequibles estas leyes. Y las que, con el pretexto de zonas especiales, limitaban la movilidad ciudadana. Otro efecto colateral de la seguridad es el aumento del gasto militar y del pie de fuerza. Hoy Colombia tiene casi tantos efectivos militares como Brasil, y el Ejército colombiano supera la suma de los ejércitos de Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. En un país, que de acuerdo con el Gobierno, no tiene conflicto interno, es difícil explicar el avance del militarismo.

Cómo no estar de acuerdo con el aumento de la inversión y la confianza del inversionista. Sin embargo, como lo han demostrado Galindo y Meléndez, las exenciones tributarias no tuvieron efecto sobre el aumento de la inversión. Ésta se realiza si hay aumento de demanda, o en el caso de la minería si los precios internacionales son atractivos. Las gabelas tributarias, que por otra parte son innecesarias, pues los tratados internacionales permiten a las transnacionales descontar los impuestos pagados en Colombia, superan con creces el déficit del sector salud. Adicionalmente y a pesar de las modificaciones legales para “flexibilizar” el empleo, el resultado ha sido un crecimiento acelerado del desempleo: 14,6%, el más alto de América Latina y una generación de empleo informal de bajo ingreso, que no puede cotizar ni a salud ni a pensiones.

Cohesión social. Poco aporte se ha dado a la convivencia ciudadana y al respeto al ejercicio de la política, cuando desde las más altas esferas del Gobierno se llamó terroristas y cabezas de la serpiente guerrillera a los que legítimamente ejercen la oposición; se utilizó el aparato gubernamental para amedrantar, perseguir e interferir correspondencia, pues el Gobierno asimila el enemigo a la oposición. Es de esperarse que no se repita la absurda tesis del “cohecho de una sola vía”, exótica doctrina que condena a quien vendió el voto, para lograr la primera reelección, pero se exonera a quienes lo compraron. Parecería estar abriéndose paso a una teoría según la cual la persecución a la oposición es sólo para uso interno, sin pasarle la información y los resultados de la intimidación al “beneficiario real”.

Los candidatos a la Presidencia que, con poca originalidad, tienen como programa “continuar la obra actual” deberían explicar si la van a ejecutar intensificando los daños colaterales, o respetando los derechos del ciudadano.

* Rector, Universidad Jorge Tadeo Lozano

 

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