Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Sin desespero

Los nervios y la ansiedad de este dilatado proceso de paz están haciendo estragos en las entendederas de quienes no deberían perder la calma. Mientras Humberto de la Calle asimila un voto concurrente de un juez a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte), Roy Barreras proclama que aquí acuñaremos una justicia transicional a la colombiana. Ambos andan extraviados.

No es cierto que la sentencia de la Corte del 25 de octubre de 2012 en el caso de Masacres de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador constituya una luz para blindar la justicia transicional, como erradamente la anunció De la Calle. Por el contrario, en ese fallo, que no termina de ser comprendido, la Corte encontró que El Salvador incumplió su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por haber aprobado después de los acuerdos de paz la ley de amnistía general para la consolidación de la misma. Es más, la Corte reiteró “la incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados. Esto debido a que las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos invocados por algunos Estados para no cumplir con su obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”. Y todavía más, la misma Corte concluyó que la ley de amnistía general salvadoreña carecía de efectos jurídicos precisamente porque sus disposiciones “impiden la investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos” acaecidas en las masacres de El Mozote.
 
No hay, pues, el tal antecedente de la Corte que según De la Calle abriría las puertas a la justicia transicional en Colombia. Lo que hay es simplemente un voto concurrente de uno de sus miembros, Diego García Sayán, el cual, como se sabe, no hace parte del fallo, aun cuando haya sido avalado por cuatro jueces, dos de los cuales ya no ejercen como tales. A lo anterior se agrega que ese voto no parece convencer a muchos, sobre todo cuando se supo que se produjo a continuación de una visita suya a Colombia, coincidencia desafortunada que aún hoy sigue dando de qué hablar.
 
Una cosa es una sentencia de la Corte y otra las particularísimas consideraciones dialécticas del voto de uno de sus jueces. Es como si, por ejemplo, en el asunto de la adopción de las parejas homosexuales, se concluyera con base en los salvamentos de voto que la Corte Constitucional la autorizó, cuando el fallo sostiene todo lo contrario.
 
Y el invento de una justicia transicional a la colombiana, con la que el locuaz Roy Barreras cree resolver el nudo gordiano que se ha armado con este tema, es lo más parecido a una caricatura. En efecto, sólo él y nadie más que él sabe cuál será el alcance de esa justicia particularísima que supuestamente vamos a inventar aquí para sacarle el cuerpo a la Corte Penal Internacional, a la Comisión Interamericana y a la Corte, y dejar tranquilos a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia por cuenta de su participación en el conflicto armado.
 
No hay que perder el norte viendo luces donde no las hay, o imaginándose que aquí seremos capaces de hacer una paz que no entienda nadie en la comunidad internacional, pero que nos abra las puertas de la reconciliación definitiva.
 
El modelo de justicia transicional que aquí tiene que ser posible, si bien puede ser diferente a la que se ha aplicado en otros confines del universo, no puede conducir a que el país desconozca las obligaciones derivadas de los tratados internacionales que ha suscrito ni que ignore las víctimas. No hay que hacerse ilusiones leyendo de manera distorsionada los fallos de la Corte o creyendo que aquí fabricaremos por primera vez lo que está inventado. Si seguimos por ese camino, a lo mejor terminamos construyendo una paz que no quede a salvo de las Cortes, como lo pretende con razón Juan Manuel Santos.
 
Adenda. El grupo Carvajal NO “hace las cosas bien”. Ahora involucrado, nada más ni nada menos, que en un presunto cartel empresarial de cuadernos desde hace 13 años.
 
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