Sin gasolina, sin comida y con apagones

La combinación de la conocida ineptitud del gobierno chavista, el devastador impacto del COVID-19 y las sanciones internacionales contra el régimen bolivariano han profundizado hasta niveles inimaginables una crisis social y económica que ya era dramática antes de la pandemia, una situación que ha tenido un aterrador impacto sobre el sufrimiento del pueblo de Venezuela.

La escasez de gasolina precipitó el caos completo en uno de los países con las mayores reservas petroleras del mundo. Las refinerías —seriamente deterioradas por la falta de mantenimiento, la incompetencia de sus operadores y la carencia de insumos y repuestos— abastecen sólo una pequeña porción de la demanda de gasolina. Sin combustible, se cerraron las estaciones de servicio, crecieron las colas de carros y la parálisis de los motores se extendió a toda la economía. De cuando en cuando esta situación se alivia con la llegada de buques tanque procedentes de Irán.

Uno de los mayores efectos de la falta de gasolina ha sido la imposibilidad de distribuir alimentos. Con los tractores, camiones y otros equipos apagados, los productos agropecuarios se quedan en el campo, las fincas y las bodegas. Así, la escasa producción de alimentos, que ya venía disminuida por los controles de precios, la irrisoria inversión y las tomas de fincas, no puede llegar a los consumidores. De esta forma, el hambre y la desnutrición han alcanzado niveles insoportables. Observadores internacionales independientes señalan que la tercera parte de la población tiene dificultades para alimentarse. Venezuela es hoy el cuarto país más golpeado por el hambre, después de Yemen, Congo y Afganistán.

La parálisis del transporte y la crisis alimentaria se sumaron a los frecuentes racionamientos de energía eléctrica y agua potable, fenómenos que no sólo agudizan los padecimientos de los venezolanos, sino que impiden el funcionamiento adecuado de hospitales, escuelas y todo tipo de negocios, cerrándose de esta forma un horrible círculo vicioso que reduce todavía más el bienestar de la población.

Las justificadas protestas populares contra el gobierno chavista ocurren en todo el país. No se manifiestan con mayor intensidad por el temor a la brutalidad de la respuesta del régimen, efectuada, en buena parte, por los grupos paramilitares, los sanguinarios colectivos bolivarianos, que actúan con la complicidad de las fuerzas de inteligencia, responsables de la represión y la intimidación de los manifestantes, intelectuales y todo tipo de disidentes.

En esta materia, hace pocas semanas una respetada misión independiente de las Naciones Unidas (no fue Guaidó ni el gobierno norteamericano) denunció al régimen chavista como responsable de crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de represión, cometidas con el beneplácito de las autoridades.

Solo la naturaleza dictatorial del régimen chavista, imbricado con los militares cómplices de sus delitos, impide que la enorme insatisfacción y el sufrimiento de la gran mayoría de la población se canalicen hacia un cambio del gobierno para que se abran los caminos de la democracia y la libertad, y se produzca la recuperación económica y la mejoría en el nivel de vida del que fue alguna vez uno de los más prósperos países de América Latina.