Sin mentiras senadora

Inquieta se ha mostrado la honorable senadora Cecilia López en torno al desenlace del debate sobre Carimagua (“Carimagua: ¿y las mentiras qué?”, El Espectador, mayo 27). Después del debate en el Parlamento, durante el cual los confusos argumentos de la senadora fueron derrumbados uno a uno con contundencia por el Gobierno, vuelve y arremete.

Dice la senadora que las conclusiones de la Comisión de Expertos, designada por el Ministerio de Agricultura para analizar Carimagua, “van en absoluta contravía de los argumentos expuestos anteriormente por el Ministerio de Agricultura”. Colige la senadora que, al aceptar el informe de la Comisión, el Ministerio está reconociendo que dijo mentiras. Veamos quién está diciendo mentiras.

Dice el informe de la Comisión (pág. 8): “Los principales objetivos que a juicio de la Comisión debe proponerse la política de ruralidad, se pueden agrupar de la siguiente manera: Primero. La creación de fuentes de ocupación y empleo… Esto se haría principalmente por medio del desarrollo de proyectos de gran tamaño y con cultivos de largo plazo… Segundo. Una estrategia para fortalecer las empresas agropecuarias… pues son ellas las que generan el empleo y las posibilidades de nuevos emprendimientos productivos… Con ello se crean las condiciones para mejorar la calidad de vida en el campo… Tercero. Concordante con lo anterior, se requieren medidas que estimulen la capitalización rural, con inversión privada tanto nacional como extranjera”.

Más claro no canta un gallo. Se requiere liderazgo empresarial. Los proyectos deben ser de tamaño grande. Se deben enfatizar cultivos de largo plazo, pues son los que más empleo generan. Es decir, lo que siempre dijimos. Nótese que la Comisión incluso va mucho más allá y plantea atraer inversión extranjera. Pierde la senadora, pues ella insiste en parcelar esa tierra entre unas pocas familias y dejarlas a la deriva, sin acompañamiento ni liderazgo empresarial.

Pero pierde mucho más cuando la Comisión dice (pág. 15): “No se trata de repetir las fallidas y agotadas experiencias de una reforma agraria parcelaria…”. Esto le debió haber caído mal a la senadora dado que ella fue arquitecta de esas tristes reformas agrarias parcelarias, fallidas y agotadas.

Ante esto, la senadora salió a decir en su artículo que, antes del debate, para el Ministerio de Agricultura: “La tierra no servía, no había suficiente investigación, no había desplazados interesados; sólo podrían vivir 50 familias… y la adecuación de los predios era tan costosa que sólo la podían financiar los empresarios, porque el Gobierno no tenía recursos”. Con esta mentira la senadora pretendía poner al Ministerio de Agricultura en contravía de la Comisión. Esto no le queda bien a ella.

Lo que siempre dijimos es que la tierra es buena para todos, pero sólo si se hacen las grandes inversiones empresariales requeridas. Esto, como vimos, lo validó la Comisión contundentemente. Y también dijimos que las inversiones requeridas se deducen del aprendizaje obtenido de un gran arsenal de investigaciones existentes; pero que, aún así, una parte del predio continuaría para la investigación. Esto también lo validó la Comisión.

Y demostramos, además, que el Gobierno nunca había seleccionado familias desplazadas para el predio. Otra cosa es una lista de aspirantes que fue recopilada por una anterior Gobernación del Meta y en donde el 30% de los personajes no son desplazados y varios tienen orden de captura.

Y lo de las 50 familias que sólo cabrían en el predio también es falso. Dijimos que, si nos ateníamos a una resolución que salió del Incora cuando la honorable senadora era Ministra de Agricultura, a lo sumo cabrían entre 6 y 9 familias en las 11 mil hectáreas. ¿La razón? Esa resolución establece que en la zona de Carimagua ¡cada persona puede recibir un lote de hasta 1.840 hectáreas!

Eso no es lo grave. Lo grave es que la misma senadora reconoció en un debate y en la radio que esa resolución salió sin soporte técnico o estudio alguno. Es decir, que la habían emitido a la carrera. Resulta que el acto administrativo de marras desencadenó un frenesí de titulación desde 1996. Grandes extensiones de tierra para muy pocas personas.

Por ejemplo, gracias a la resolución, entre 1996 y 1998 en el Vichada se titularon más de 700 mil hectáreas a 629 personas (¡incluyendo 70 títulos aparentemente irregulares de 3 mil hectáreas cada uno!). Poco equitativa la senadora. Una cosa es su discurso antirrico y otra muy distinta lo que demostró cuando ejerció. Todavía le debe una explicación al país.

Con respecto a los recursos, para nadie es secreto que el Gobierno enfrenta restricciones fiscales para proveer en Carimagua bienes públicos. La recomendación de la Comisión es muy buena. En las regalías existe una importante fuente de recursos para proveer esos bienes públicos. Tocar esa fuente requiere voluntad política del Congreso. Esa que le falta a la apreciada senadora, por estar dedicada a confeccionar mentiras ante la implacabilidad de los hechos.

 Andrés F. Arias, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

Colapso general en procesos disciplinarios

Por cuanto en los procesos disciplinarios que se adelanten ante la Procuraduría General de la Nación, los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Personerías Municipales, en primera instancia, el instructor es el mismo juzgador, la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional sobre parapolítica, en los términos del artículo 29 constitucional, relativo al debido proceso, conllevará la nulidad de las sanciones y procesos en curso, en materia disciplinaria; desde esa fuente lloverán las tutelas, las prescripciones y la impunidad.

 Fernando Martínez Rojas. Bogotá.

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