Por: Alfredo Molano Bravo

Sin nostalgia

EL 28 DE MARZO PASADO SE CUMPLIEron cinco lustros ¡un cuarto de siglo! del Acuerdo de la Uribe, un trato entre Belisario Betancur y Manuel Marulanda, aunque en realidad lo firmó por parte del Gobierno John Agudelo Ríos, presidente de la Comisión de Paz.

Por parte de las Farc el único que vive es Alfonso Cano. Sin duda, ha sido el convenio más avanzado de cuantos se han firmado o tratado de firmar con las guerrillas, excepción hecha de la Carta de Intención que anda investigando la Corte Suprema de Justicia y que podría empapelar al ministro Valencia Cossio.

Belisario había hecho su campaña con un “sí se puede”, que era en realidad una consigna contra Turbay, un gobierno que insistía en que la negociación política era imposible y que el único camino era la guerra. Betancur, en su posesión como Presidente, había invitado a los alzados a “incorporarse al ejercicio pleno de sus derechos”. Las Farc le cogieron la caña y el Secretariado se reunió en Colombia, Huila, con la Comisión de Paz, compuesta por Alberto Rojas Puyo, Margarita Vidal, Rafael Rivas Posada, Samuel Hoyos Arango, César Gómez Estrada. Extraño y paradójico: en ese municipio funcionaba una de las primeras bases paramilitares del país. En ese encuentro, los delegados del Gobierno pusieron sobre la mesa de conversaciones el principal obstáculo, el secuestro. Rojas Puyo, militante del Partido Comunista, lo había dejado muy claro. Por el lado de las Farc, la amenaza más grande eran los paramilitares. El Mas existía desde el 81 y en Puerto Boyacá los narcos y las eternas ovejas negras de las FF.AA. creaban el centro de entrenamiento paramilitar más criminal de cuantos hubieran funcionado.

El acuerdo en esencia consistió en un cese el fuego que posibilitara la lucha electoral abandonando la pólvora. Hay que recordar el texto: terminados los enfrentamientos armados, “ los integrantes de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión”. Desaparición de las Farc como tales y un año después, sin haber entregado armas, creación de un partido político nuevo: la Unión Patriótica. Las Farc, a su vez, condenaban y desautorizaban “el secuestro, la extorsión y el terrorismo como atentados contra la libertad y la dignidad humanas”. Un año más tarde agregaron la condena al narcotráfico, a la justicia por mano propia, al reclutamiento con fines militares y se comprometieron a hacer proselitismo a favor de la recién creada UP, sin armas y sin uniformes. La perspectiva era en el papel clara e inequívoca.

No obstante, “los enemigos agazapados de la paz” confabulaban. Mientras el ministro de Defensa, general Landazábal Reyes, exigía la deliberación de los militares, altos oficiales como Faruk Yanine y Gil Colorado protegían a los paramilitares en el Magdalena Medio; “los gremios —dice Rafael Pardo— organizaban frecuentes homenajes públicos a las Fuerzas Armadas”, el Partido Liberal sentía que le arrebatan sus banderas y sus plazas, y los godos renegaban de Belisario. El problema era, además, la dificultad técnica de verificar el cese el fuego en un territorio tan amplio y tan accidentado. Con todo, los acuerdos aguantaron hasta el gobierno de Barco, durante el cual se masacró a la UP. En esos días, las Farc había pasado de 28 a 45 frentes y los paramilitares habían organizado 163 grupos.

Con todo, el Acuerdo de la Uribe —bendito artículo, bendito género— mostró que abolir el secuestro y los crímenes de Estado de la lucha puede ser un gran paso hacia una negociación. Sustituir las armas por los votos no es una ingenuidad de soñadores.

 

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