Sin política de paz

“Este Gobierno no tiene una política de paz”, dice monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, en una entrevista con El Espectador en la que hace tres afirmaciones claves:

1. Que el Gobierno “habla de paz con legalidad; es decir, que le cuelga la paz a la ley”, cuando la cosa es al revés: que en esta sociedad “hay que conseguir la legalidad por medio de la paz”, porque la ley no vale para mucha gente. Y es cierto: si no hay paz en vastas zonas, se impone la ley del más fuerte, opuesta a la legalidad que promueve el presidente Duque, porque en esos territorios gobiernan los grupos armados, mientras que el Ejército, por carecer de metas y filosofía claras, se desgasta en corruptelas y peleas internas, y despilfarra sus recursos en espiar a la oposición, en vez de usarlos para capturar a los capos del narcotráfico y a los jefes de las bandas armadas.

2. Que el Decreto 601, que autoriza al alto comisionado para la Paz a verificar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, “es regresivo” e implica un retroceso, pues vuelve al concepto de sujeción individual y está planteado “en términos inferiores a (…) la Ley 1908 de julio de 2018, que hablaba de sometimiento colectivo”.

3. Que “lo único bueno” que tiene el Decreto 601 es que le reconoce carácter político al Eln, lo cual es, sin embargo, contradictorio, pues, como “no hay acuerdo colectivo, no hay proceso de paz” y “al Eln no le queda sino el sometimiento”.

Por supuesto que en esas condiciones, más allá de la desmovilización de 20 integrantes del frente José María Becerra del Eln, es difícil que ese decreto tenga efectos positivos, pues los grupos armados deben verlo como un retroceso, sobre todo si se tiene en cuenta, por una parte, que el cese bilateral con el Eln estuvo acordado, pero un antiguo líder de izquierda, convertido al uribismo, convenció a los elenos de que no lo firmaran con un gobierno que estaba por terminar y lo hicieran con el del nuevo presidente, Iván Duque, quien no movió un dedo para reanudar de inmediato los diálogos de La Habana y, cinco meses después, el Eln atentó contra la Escuela de Policía en Bogotá. Y, por otra, si se piensa, como lo cuenta monseñor, que durante el proceso de sometimiento de las Autodefensas Gaitanistas, al final del gobierno Santos, se tenía todo listo para el sometimiento colectivo, e incluso se había adaptado como lugar de reclusión un antiguo seminario en Yarumal (Antioquia), pero el proceso no siguió porque no se contemplaron “los porcentajes patrimoniales de supervivencia” que les permitieran vivir con sus familias.

La conclusión de monseñor no puede ser más desoladora: “Le hemos mandado no sé cuántas cartas al presidente pidiéndole audiencias, planteándole que si no quería esa política de paz (…) presentara una política alternativa (…). Pero el Gobierno (…) rechaza lo que venía y no ofrece una ruta al proceso” distinta del sometimiento. Entonces todo ha sido inútil.

¡Qué desesperación produce saber que mientras el tiempo pasa y el Gobierno no actúa, la gente se muere en los territorios!

Nota. Cerrada esta columna, me entero de que EE. UU. incluyó a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, por no aceptarle a Duque extraditar a la delegación de diálogo del Eln y violar así los protocolos que, como país garante, se comprometió a hacer cumplir. ¡Qué injusticia la de Trump y qué ingratitud la de Duque!

Esta columna reaparecerá en dos semanas.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa