Por: Germán González

Sin proyecto de ley postal

Con ocasión del hundimiento del proyecto de ley que establecía el régimen de los servicios postales, el país se queda en el corto plazo sin una norma estable, especializada y con rango de ley que permitiría reordenar institucionalmente el sector postal, dotar al mercado de reglas claras y entregar herramientas para la regulación y la fiscalización de un sector con gran potencial, pero muy informal y disperso.

De un diagnóstico claro y bien sustentado del sector postal que hizo el Gobierno Nacional en el 2004, incluso bajo la tutoría de la Unión Postal Universal, así como de un proyecto de ley inspirado en esos estudios presentado por el Ministerio de Comunicaciones en la legislatura de 2007, se pasó a un trámite en el legislativo inicialmente expedito y superficial y al final con una ponencia que parecía más un catálogo para resolver intereses particulares que una política pública. Definiciones difusas como la de giros postales y las políticas sobre la concesión de correo generaron dudas.

Tal vez lo más grave es que se pierde la oportunidad de establecer en la ley el nivel de responsabilidad del Estado frente a su obligación de garantizar el alcance del Servicio Postal Universal (SPU) y los medios para alcanzarlo, incluida la financiación.

Era la oportunidad para acatar el mandato del legislador sobre el rol del operador oficial de los servicios postales en relación con el servicio universal, con la competencia e incluso si debía o no establecerse un área de reserva o un monopolio para la prestación de ciertos servicios en aras de financiar el SPU. Ahora el futuro de Servicios Postales Nacionales es incierto, al tiempo que no hay reglas estables para definir esquemas alternativos para el SPU, como lo han hecho muchos otros países.

Entre tanto, el 75% de las empresas del sector no tienen concesión del Ministerio de Comunicaciones; muchas otras, teniendo licencia, se exceden en lo autorizado; empresas de garaje y de transporte prestan servicios postales y no aportan al Fondo de Comunicaciones y, además, no se tienen los recursos para sufragar los costos anuales del Servicio Postal Universal de $50.000 millones, mientras los usuarios, especialmente los alejados de los centros urbanos, no les llegan las cartas y sí las facturas de cobro de los servicios públicos. ¿Nos estamos quedando sin correo como forma primaria y fundamental de comunicación?

 

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