Sin respuesta a crisis estructural de financiamiento de las universidades públicas

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El pasado 20 de octubre el presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en el marco del taller Construyendo País en Malambo, departamento del Atlántico, presentaron el nuevo programa de gobierno denominado Generación E, que pretende mejorar el acceso a la educación superior con equidad y calidad. Dicho programa está estructurado por tres componentes esenciales. El primero, referido a la gratuidad gradual; el segundo, orientado a la excelencia y el tercero pretende el fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas (IES). Según las declaraciones iniciales de representantes del Gobierno, gran parte de los $500.000 millones adicionados al presupuesto se destinaría a financiar cada uno de estos componentes: $122.000 millones para gratuidad, $101.000 millones para excelencia y $222.000 millones para inversión. De este total sólo se destinarían $55.000 millones para funcionamiento de todas las IES, lo cual está muy lejos de las solicitudes de los rectores del SUE y más aún de las solicitudes de los estudiantes.  

Si bien es cierto que proponer la gratuidad en un programa de gobierno podría ser interesante y pertinente, tal iniciativa debe basarse en atender la crisis estructural de financiamiento de las universidades públicas, en tanto son estas instituciones las que ya han avanzado en ofrecer educación gratuita de calidad, como en el caso ejemplar de la Universidad de Antioquia. Este es el primer cuestionamiento conceptual al componente de gratuidad, en cuanto se promovería el pago del valor de las matrículas existentes en IES, que son altamente subsidiadas y no representan el valor operacional que estas instituciones destinan para cubrir los costos reales por estudiante, que en el promedio nacional según cifras del SUE estaría en $5’500.000; el programa pagaría matrículas de estudiantes que reporten Sisbén hasta 32 puntos, lo que significa que pagará las matrículas más bajas de las universidades públicas beneficiando a los jóvenes que tienen esta condición, pero no aportaría recurso adicional alguno a las instituciones para atender los problemas de funcionamiento que presentan.

El mecanismo de cómo se entregará el valor de matrícula de los beneficiarios del componente de gratuidad aún no es muy claro, pero todo apunta a que se llevará a cabo mediante el Icetex, para lo cual las instituciones que cuenten con estudiantes inscritos en el programa deberán destinar funcionarios para realizar todos los trámites administrativos pertinentes, aumentando de esta manera los gastos de funcionamiento de las instituciones sin recibir ningún recurso adicional.

El problema estructural de la gratuidad tiene que ver con la ausencia de una política de Estado que atienda el problema de acceso a la educación superior pública como derecho fundamental de los ciudadanos. Es a través de la educación que es posible el acceso a la cultura y la generación de movilidad social que se expresa en bienestar y calidad de vida. Esta política debe tener como criterios la inclusión, el reconocimiento de la diversidad de los jóvenes colombianos que en distintos escenarios culturales se forman con ritmos de aprendizaje distintos y diferenciados, de tal forma que el criterio de mérito que promueve la competitividad para el acceso limitado a la educación superior no es pertinente para avanzar a un nuevo momento histórico en el cual la educación sea el motor de transformación social. Esta política también debe tener como criterio la financiación de la oferta que ha sido atendida por la universidad pública, que con los mismos recursos destinados desde el 1993 ha logrado aumentar la cobertura y ofrecer una educación de calidad. No obstante ha llegado a su límite y no es posible mantener los niveles alcanzados con los mismos recursos.

El segundo componente del programa Generación E ratifica la política de gobierno de los últimos años orientada a financiar la demanda, mecanismo que claramente ha desfinanciado las universidades públicas, por cuanto destina los recursos del Estado especialmente a universidades no oficiales, repitiendo de esta forma errores del pasado al proyectar programas como Ser Pilo Paga que resultaron muy costosos para el erario, representando tan solo 1,75% de aumento de la cobertura en el sistema con un costo aproximado de 3,5 billones.

El tercer componente del programa orientado al fortalecimiento de las instituciones de educación superior es importante en términos de recursos de inversión que las universidades públicas perdieron cuando los recursos CREE desaparecieron en el 2016, lo cual impactó notablemente los planes de fomento de la calidad, ya que estos respaldaban inversiones en investigación, bienestar universitario y formación docente esenciales para alcanzar tanto la acreditación institucional como la acreditación de programas. En este sentido la búsqueda de nuevos recursos para inversión es vital; $222.000 millones para distribuir entre todas las IES resulta a todas luces insuficiente, más aún cuando el déficit acumulado es de $15 billones.   

Nuevamente se desvanecen las alternativas de atender la crisis de financiación, que no son solo de mediano plazo, sino también de atención inmediata en tanto varias universidades han descrito sus dificultades financieras para cerrar el año. Esperamos que no seamos inferiores al momento histórico que vivimos y acordemos la financiación digna para nuestras universidades.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

 

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