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hace 1 hora
Por: Álvaro Forero Tascón

Síndrome de la Procuraduría

CON “SÍNDROME DE LA PROCURAduría” se describía la sensación de persecución jurídica que tenían los militares por investigaciones sobre violaciones de derechos humanos que realizaba con celo esa entidad.

Se decía que ante el riesgo de investigación y castigo por parte de la Procuraduría, los militares preferían no combatir a la guerrilla. El término entró en desuso, especialmente desde que Alejandro Ordóñez fue elegido procurador, porque éste es un abierto defensor de las prerrogativas de las fuerzas armadas.

Pero luego de que el procurador se declaró abiertamente “escéptico” sobre el proceso de paz, sentó sus posiciones y planteó exigencias que más parecen amenazas, el “síndrome de la Procuraduría” puede afectar ahora a quienes deben negociar la paz e implementar los eventuales acuerdos, convirtiéndose en un grave obstáculo del proceso. Eso entorpecería tomar decisiones difíciles como las que seguro se requerirán para sacar adelante semejante tarea.

El procurador Ordóñez ha dicho: “el proceso de paz debe terminar con el sometimiento de una guerrilla diezmada” y “la paz no puede pagarse a cualquier precio”. Que el Gobierno “debe velar porque la guerrilla se responsabilice por sus actos: secuestros, masacres, violaciones, reclutamiento de menores, siembra de minas y demás atrocidades”.

Dijo también que “la tropa se podría desmoralizar, ya que su esfuerzo a lo largo de tantos años se vea frustrado”. Y que “voy a exigir el tema del narcotráfico en los términos claros porque ese fue el grave error del expresidente Uribe, pues no puso sobre la mesa con los paramilitares el tema del narcotráfico y hoy tenemos las bacrim (…) lo primero que tiene que hacerse con las Farc es determinar la renuncia de ellos a la actividad del narcotráfico”.

El riesgo está en que el procurador presente sus posiciones políticas como defensa de la ley, cosa que ha hecho en el pasado con sus posturas religiosas, llegando al extremo de no acatar íntegramente decisiones de la Corte Constitucional. Es razonable la duda porque el procurador hizo evidente su intención de incidir en el proceso de paz al relatar que “el presidente me preguntó mi opinión. Yo le contesté con suma sinceridad: Soy escéptico porque desconfío de las Farc”. Y por el insaciable deseo del procurador Ordóñez de opinar y aparecer públicamente, es fácil suponer que tiene aspiraciones políticas, y no hay un tema más definitorio de la política que el de la paz.

El proceso de negociación tendrá temas muy difíciles de sortear, en que habrá que equilibrar la legalidad con cierta audacia porque se trata de un proceso de paz, y no de rendición como pretenden sus enemigos. Una cosa son las limitaciones que le impuso la Corte Constitucional al marco legal del proceso con los paramilitares luego de una evaluación sustantiva, y otra las que un funcionario pueda “exigir” utilizando la amenaza de un poder casi ilimitado, pues quien tiene a cargo juzgarlo es quien acaba de ternarlo.

Además de las Farc, el Gobierno tiene dos obstáculos grandes para sacar adelante el proceso: uno político —la oposición de sectores enemigos de una solución no militar— y otro jurídico —las limitantes del derecho internacional—. Lo peor sería que el “síndrome de la Procuraduría” los sumara en una espada de Damocles.

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