"Yo imito, no ridiculizo a los personajes": Hugo Patiño

hace 8 horas
Por: Armando Montenegro

Siniestro y seguro

LA PROBABILIDAD DE QUE EN LOS próximos dos o tres años haya una reforma tributaria, es alta. El régimen actual es defectuoso, injusto e ineficiente y, seguramente, el déficit fiscal estará creciendo (por el descenso de recaudos inducido por la fase descendente del ciclo económico y también por las perspectivas de mayor gasto). ¿Quién pagará los costos de esa reforma?

Desde ya se sabe que en ese momento no bastará con seguir la recomendación de la mayoría de los economistas, las entidades multilaterales y todos los expertos que han estudiado el sistema tributario colombiano (que bien se parece, por sus huecos, a un queso suizo). No se podrá contar con los recursos de la eliminación de las innumerables exenciones tributarias que se han creado en los últimos años. Habrá que buscar otro camino.

Las exenciones estarán blindadas por las decenas de contratos de estabilidad jurídica mediante los cuales, por muchos años, las empresas, en forma legítima y a ruego del gobierno, fijan sus tasas efectivas del impuesto de renta en niveles que expertos como Horacio Ayala han mostrado que descienden hasta 9% (después de utilizar toda la gama de beneficios y, en muchos casos, de convertirse en zonas francas).

A medida que pasa el tiempo y que se percibe con claridad que el sistema tributario debe ser reformado, las empresas, con razón, se apuran a aceptar las ofertas de blindarse. Es un seguro barato contra un siniestro con altísima probabilidad de ocurrencia (los contratos de estabilidad podrían justificarse si la situación fiscal estuviera completamente despejada y si el código fiscal fuera moderno, equitativo y eficiente).

El creciente uso de estos contratos no sólo protege a unos pocos escogidos de las inevitables alzas de impuestos. Constituye un mensaje inequívoco de que las víctimas de la próxima reforma tendrán que escogerse entre quienes no pueden beneficiarse del blindaje de los contratos, entre ellos, los empleados, los trabajadores, los consumidores y los dueños del capital.

 El gobierno que decida emprender la necesaria reforma tendrá entonces que pensar, por lo menos, en dos alternativas. Una, la de elevar los impuestos a las rentas del trabajo y aumentar el IVA (y no faltarán, seguramente, los irresponsables que propongan que también se hagan todavía más onerosos los impuestos a las transacciones). Estas iniciativas, sin embargo, con buenas razones, serán tachadas de regresivas, máxime cuando la tributación del capital y el trabajo muestra un visible desequilibrio.

La otra, que ya comienza a discutirse, sobre todo por quienes estudian los problemas de la distribución del ingreso, será la de volver a introducir la doble tributación, es decir, que las empresas blindadas por los contratos de estabilidad sigan pagando tasas de renta del orden del 9%, pero que quienes reciban las rentas de capital tributen de acuerdo con una tasa que sea comparable con la que se aplica en otros países del mundo que tienen economías de mercado.

Se añadirá que Chile, por ejemplo, líder de las reformas a favor del capital en América Latina, nunca abandonó una variante de la doble tributación: 18% para las empresas y una tasa progresiva para las rentas de capital (se señalará también que por esta razón nunca han sido ciertas las comparaciones internacionales que muestran que las tasas del impuesto de renta de Colombia han sido mucho más elevadas que las del país austral).

La reconstrucción del sistema tributario colombiano —perforado hasta el infinito, desigual entre sectores y entre empresas semejantes, más gravoso para las pequeñas empresas y para el trabajo— será una tarea larga y difícil; exigirá que se forme un gran consenso nacional sobre sus bases éticas, técnicas y económicas. No es temprano para comenzar a pensar en este tema.

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