Atalaya

Síntomas de un viejo recelo

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Las marchas de la semana anterior mostraron que las protestas que iniciaron en noviembre del año pasado no habían cesado y que sólo las había puesto entre paréntesis la pandemia. Bastó un exceso, que no fue menor, para que se prendiera de nuevo el polvorín.

Al descontento generalizado se le sumó un elemento que en el país tiene vieja historia. Si se habían intentado explicar las marchas por la falta de oportunidades de los jóvenes, por las tasas de desempleo, por los altos costos de la educación… (aspectos que no han sino empeorado en la larga hibernación de la pandemia) y por las respuestas erráticas, cuando no francamente hostiles y muchas veces cínicas, del gobierno electo frente a los acuerdos de paz, que todo lo imperfectos que se quiera habían traído vientos de comienzo y aires de renovada esperanza, vino a sumársele a todo este coctel un justificado recelo frente a la Policía Nacional.

El asesinato de Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho en la ciudad de Bogotá, a manos de agentes de la Policía Nacional —no hay un informe oficial, pero los reportes preliminares hablan de nueve fracturas en el cráneo y varios órganos lesionados a causa de la paliza propinada por varios uniformados; habría llegado sin signos vitales al hospital— fue la chispa que encendió de nuevo el ánimo de los manifestantes, a quienes intentaron acallar con toques de queda primero y que refrenó la pandemia después.

Y digo que este mal tiene vieja historia. Han vuelto a salir a la luz antiguas denuncias del atropello policial en contra de civiles inermes: violaciones a mujeres en estaciones de policía, asesinatos en comandos de atención inmediata (CAI), excesos en los procedimientos policiales y un largo y crudo etcétera. A esas quejas y a tales denuncias vinieron a sumarse, durante el 9 y 10 de septiembre pasados, los asesinatos de manifestantes con el uso de armas de fuego; armas de fuego que, parecen indicar los videos, pertenecían a policías, quienes con su pistola de dotación atacaron a ciudadanos inermes e indignados por el maltrato policial.

Quizás el síntoma más elocuente de este malestar que de antiguo siente la población civil frente a las fuerzas policiales del Estado sea el hecho, tan triste como incontrovertible, de que, en lugar de sentir alivio por la presencia y la cercanía de una patrulla o un retén policial, suelen los ciudadanos sentir inquietud y, muchas veces, desconfianza y temor. Sentimiento que no puede sino venir de una larga y soterrada historia de extralimitaciones policiales, extorsión y chantaje estatal; como se deja ver en todos esos retenes —y en esta modalidad la Policía de Tránsito lleva la línea de mando— pensados para incordiar y chantajear a los ciudadanos en lugar de estar hechos para socorrerlos y para contribuir a la normalidad.

Ese temor y ese recelo reavivaron la semana pasada. Y desde todos los frentes se ha pedido una reforma estructural de la institución. Nadie ha negado o puesto en duda la gallardía de las fuerzas del orden —que además se presupone—, tan sólo se reclama ecuanimidad y justicia en el actuar.

@Los_atalayas, atalaya.espectador@gmail.com

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