Por: Santiago Montenegro

Situación de la economía

Sobre las pésimas cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre gravitan tanto factores de corto como de largo plazo.

Los factores de corto plazo están relacionados con el ajuste del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que, en 2015, alcanzó la enorme cifra de 6,5 % del PIB. Los mercados y las calificadoras de riesgo nos lo advirtieron y, por ello, el año pasado se tuvo que dar un fuerte ajuste de dos puntos del PIB en la cuenta corriente vía una fuerte devaluación, mayores tasas de interés y el impuesto de inflación. Si recordamos que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos es igual a la suma del déficit del Gobierno y el del sector privado, el Gobierno agravó el problema al incrementar su propio déficit en un punto del PIB, lo que hizo que el ajuste recayera primordialmente sobre el sector privado, los hogares y las empresas. Así, redondeando cifras, los sectores diferentes al Gobierno tuvieron que ajustarse en tres puntos del PIB.

Este año, la contracción del déficit de la cuenta corriente deberá continuar en, por lo menos, otro punto, y no ha ayudado que el Gobierno anunciara que su propio déficit será, por lo menos, medio punto superior al inicialmente anunciado.

Esta corrección pudo haber sido menos dolorosa si, en lugar de reducir la demanda (el consumo y la inversión), hubiese inducido una mayor producción, especialmente de los sectores transables, gracias al estímulo que han recibido de la tasa de cambio. Pero no ha sido así y la razón puede estar relacionada con factores más estructurales y de largo plazo.

En primer lugar, hay una percepción de elevada inseguridad jurídica para la inversión privada. Al crecimiento de dicha percepción han ayudado, infortunadamente, hechos como las crisis de Electricaribe y Odebrecht, el referendo de Cajamarca y, más recientemente, el proyecto inicial de la ley de tierras, que generó mucha alarma al considerar la posibilidad de expropiación administrativa por funcionarios de tercer nivel del Ministerio de Agricultura. En segundo lugar, nuestra oferta exportable sigue compuesta, fundamentalmente, de bienes básicos y los otros sectores transables están mínimamente incorporados a las cadenas de valor mundiales. Esto se refleja en unas cifras de productividad de lamentar que, según la OCDE, son un 25 por ciento inferiores a las que teníamos hace medio siglo.

En tercer lugar, esta bajísima productividad está asociada a los elevados niveles de informalidad laboral, empresarial y de activos urbanos y rurales. Pese a las mejoras en las 13 ciudades más grandes, la informalidad laboral es aún de un 64 por ciento a nivel nacional. En cuarto lugar, como consecuencia de dicha informalidad laboral, solo tenemos dos trabajadores activos formales por cada adulto mayor de 65 años, lo que nos ha creado una altísima tasa de dependencia, pese a que, en teoría, aún somos un país joven. Esto tiene como consecuencia que Colombia esté perdiendo el llamado “bono demográfico”.

Por estas razones, tenemos el reto de enfatizar en el debate los problemas estructurales de la economía. No es fácil, porque muchos sectores de opinión solo se preocupan del corto plazo y porque, no todos, pero la mayoría de los movimientos políticos solo piensan en la próxima elección y no en la próxima generación. Pero esta es una tarea que tenemos por delante los economistas colombianos.

 

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