Soberanía a la medida

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Por más que distintas lógicas asociadas con la globalización desmienten la existencia absoluta de la soberanía – entendida “desde fuera” como la ausencia de influencias externas sobre el territorio, la población y el actuar estatal- el discurso soberanista como tal sigue teniendo peso en la política mundial. Para los estados del Sur global existe además una tensión latente entre su derecho a la autodeterminación –condición regularmente negada- y el deber de cumplir con ciertas obligaciones ante sus ciudadanos y la comunidad internacional, entre ellas la protección de los derechos humanos y el ejercicio del “buen gobierno”. Colombia presenta un caso atípico en esta materia, por cuanto la reivindicación de la mayoría de sus élites gobernantes de la soberanía nacional ante los señalamientos repetidos de violación a los derechos humanos en el país –conducta similar a la de cualquier otro estado violador- contrasta con un entusiasmo desbordado por rifar su autonomía política con Estados Unidos.

Como muestra de lo anterior, la condena enérgica del gobierno Duque del informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la mansa actitud de nuestro mandatorio en su corta visita a la Casa Blanca ante el dictamen de Trump sobre la aspersión con glifosato. Las recomendaciones hechas por la ACNUDH fueron denunciadas como intromisión indebida, rechazo similar al que existe frente al duro reporte del relator de la ONU para los defensores de los derechos humanos. En cambio, la orden explícita del presidente estadounidense de que “van a tener que fumigar” tan solo fue respondido por Duque con un lánguido “debemos combinar todas las opciones” de lucha.

Las posiciones hostiles del Gobierno frente a la ONU reflejan una inconformidad general con muchas agencias por considerarlas demasiado “metidas” en los asuntos nacionales, pese a que es por invitación del estado colombiano que están aquí. Refiriéndose a la reciente cancelación del convenio con UNODC para ofrecer asistencia técnica y monitoreo al PNIS, Daniel Rico afirma también en Semana que se trata de un monopolio que genera ineficiencia, corrupción y desperdicio. Pero más allá de las críticas a la burocracia y el presupuesto inflados, y la efectividad dispareja del organismo, sus informes sobre sustitución de cultivos podrían leerse como un apoyo a las estrategias voluntarias contempladas en el acuerdo de paz que contradice la “necesidad” de reanudar la aspersión aérea. Llama la atención en ese sentido que las actitudes monopolistas de Estados Unidos en la “guerra contra las drogas” no provoquen mención alguna de este columnista.

La soberanía a la medida ejercida por Colombia solamente se considera violada cuando algún actor internacional raya con los intereses de quienes nos (mal) gobiernan, pero cuya violación en sí no es problema siempre y cuando aquellos se refuerzan. Así, mientras que Duque despotrica contra la ONU, erosiona nuestra reputación al interior de la organización y desmiembra elementos clave de la paz, acepta felizmente los comandos de Trump sin nada a cambio, ya que no se visualiza compromiso mayor alguno frente a Venezuela, incluyendo la promesa de ayudarnos si el coronavirus allí se descontrola.

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