Por: Alberto López de Mesa

Soberbia asfixiante

En la primavera del año 2015, durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en París, 195 países firmaron un acuerdo que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global. Gracias al Acuerdo de París, varios países industrializados de la Comunidad Europea, redujeron el uso o dejaron de producir vehículos con combustible diésel, se obligaron al uso de filtros que reducen la emisión de material particulado tanto en fábricas como en los automotores. También se creó un fondo para proteger las selvas tropicales y reforestar zonas del planeta afectadas por la explotación irracional de los recursos naturales.

En el año 2017, ya posesionado el presidente Donald Trump, en un gesto de soberbia extrema, anuncia el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, porque su gobierno prioriza los intereses económicos de la nación. Este acto inquietó, sobretodo, a los países latinoamericanos dependientes de la transferencia de tecnología y de la financiación de su transición energética, sin embargo, por lo menos oficialmente ningún otro país se ha retirado del Acuerdo, pero en la práctica muchas ciudades capitales siguen resolviendo su transporte público con vehículos diésel y su producción industrial depende de combustibles fósiles, pese a que la polución y la contaminación de su atmósfera se comprueba a simple vista.

Tal es el caso de Bogotá, que en abril de 2017 tuvo una Alerta Amarilla por la presencia durante medio día de un nubarrón gris sobre un sector céntrico de la ciudad y cuyo aire, gran parte del año y en el 60% del territorio urbano, presenta escandalosos niveles de contaminación con partículas y gases de efecto invernadero.

Aún con esto, en el debate licitatorio en el que el alcalde Enrique Peñalosa convocó a los operadores oferentes para reemplazar las flotas de buses articulados y biarticulados de la empresa Transmilenio que llevan 18 años de funcionamiento, los operadores que propusieron buses eléctricos fueron derrotados “porque no cumplían con los parámetros establecidos en su momento”.

Los ganadores fueron, la empresa SI2018 de la familia Martínez, antiguos operadores de las fases I y II que ahora operará 192 buses a gas, fabricados posible Scania, para los patios de la calle 80 y Suba. El otro 60% 688 buses para los patios de Usme y Tunal se le adjudicó a ESTRUCTURAS PLURAL Mc MASIVO y a BOGOTÁ MOVIL PROVISIÓN serán motores diésel, según muchos críticos un sistema prohibido en Berlín, Madrid, Ciudad de México por su alto nivel contaminante. Curiosamente el fabricante de los buses será la empresa Suizo VOLVO que financió la Organización que en el 2007 le pagó a Peñalosa 468.000 dólares por vender buses por todo el mundo.

La gerente de Transmilenio Conduelo Araujo, responde a las críticas diciendo que los buses diésel son tecnología EURO 5 con filtros para el control de la emisión de partículas, una escala superior a Euro 4 que exigía la norma.

La soberbia de Enrique Peñalosa y de su equipo de gobierno linda con la ofensa, a la opinión pública nos tratan como peleles que debemos aceptar sus decisiones claramente ventajosas para intereses particulares del alcalde, porque si en verdad hubiera en él, la voluntad política para proteger la calidad del aire de Bogotá, pues, habría diseñado la licitación para que los participantes ofrecieran buses activados con energías limpias

Lo que sigue es otra década de contaminación con diésel, poluciónante, cancerígeno, asfixiante.

Pero la soberbia asfixiante de Peñalosa, émulo de Donald Trump, es también el parapeto seudo conceptual con el que se distrae la atención de la ciudadanía mientras se arman los grandes negociados. Me pregunto, ¿ En manos de quién quedan los buses en desuso, de quién es el negocio de la chatarrización y quién adquiere las miles de toneladas de chatarra reciclable?

Lo que vemos es que todos los argumentos con que el alcalde justifica su proceder, priorizan la rentabilidad y la protección del medio ambiente y la calidad del aire, que es calidad de vida, no le son importantes.

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