Por: César Ferrari

Sobre el desarrollo rural integral

En 2015, según la Misión Rural, 60 por ciento de los municipios del país y 30 por ciento de la población colombiana se localizaban en el medio rural. La mitad de esa población campesina era pobre (21,7 por ciento en las ciudades). A su vez, gran parte de los desmovilizados de la guerra, la mayoría de origen campesino, se localizaría en ese medio.

En esas condiciones, pareciera que la única manera de asegurar una paz permanente en el campo reside en que los campesinos logren un ingreso que les permita vivir dignamente. De otra manera, la tentación de dedicarse a cultivos ilícitos o a delinquir será irresistible.

Dos son las alternativas de los trabajadores rurales para obtener ingreso. La primera es como asalariados. No obstante, los salarios rurales siempre serán reducidos relativamente a los salarios urbanos no calificados porque estos tienen como referencia los ingresos medios campesinos más el costo de urbanizarse, por ejemplo servicios que no se pagan en el campo. 

La otra alternativa es autoocuparse en una pequeña o mediana extensión de tierra. Sin embargo, entregarles tierra y dejarlos solos, sin crédito, asistencia técnica, carreteras para sacar sus productos a los mercados, ni organización, implica generar o mantener una situación en la que acaban recibiendo el residuo del precio que paga el consumidor por los bienes que producen al inicio de la cadena agroalimentaria. Ese residuo corresponde a lo que queda después de pagar utilidades y costos de producción a comerciantes, transportistas, procesadores y transformadores de dichos bienes agroalimentarios.

La solución a ese problema reside en hacer participar a los campesinos en las utilidades de las empresas o cooperativas a cargo de las tareas que completan la cadena productiva. No sería la primera vez en el mundo: en la Provincia de Trento en el norte de Italia, la más próspera del país, los campesinos son codueños de las cooperativas que procesan, transportan y comercian sus productos; algo digno de replicar.

Es decir, se trata de construir una nueva ruralidad para que los campesinos alcancen un ingreso digno. Ello implica: 1) rentabilizar al sector agropecuario, 2) garantizar el acceso a la tierra y al agua a los campesinos, 3) proveerles carreteras, crédito y asistencia técnica, 4) promover su organización para integrarlos al resto de la cadena productiva.

Parte de esas soluciones son de naturaleza nacional pues tienen que ver con políticas fiscales, monetarias y de regulación necesarias para mantener una estructura de precios que rentabilice las actividades agropecuarias y rurales, y para construir vías de transporte. Otras requieren iniciativas como la de la Autoridad del Valle del Tennessee (TVA).

La TVA fue creada en 1933 durante el New Deal como una empresa pública federal sin fines de lucro para superar los efectos de la Gran Depresión en una de las áreas más pobres y atrasadas de los Estados Unidos. En 1936 la TVA presentó al Congreso y fue aprobado el Plan de Desarrollo Unificado del Sistema del Rio Tennessee  con la finalidad de controlar sus inundaciones, facilitar su navegación, electrificar la región y  promover su desarrollo.

Por más  de ocho décadas, a través de gobiernos demócratas y republicanos, la TVA ha tenido como misión “mejorar la calidad de vida en el Valle a través del manejo integrado de los recursos de la región… enfocándose en tres áreas claves: energía, medio ambiente y desarrollo económico”.

La TVA provee energía  a precios por debajo de la media nacional a más de nueve millones de personas en la mayor parte del Estado de Tennessee y en partes de Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte y Virginia, para lo cual construyó un total de 32 represas, 29 hidroeléctricas y tres plantas nucleares. Gestiona el valle del Tennessee controlando embalses, ríos y arroyos, y promueve puertos y navegación limpia. Proporciona servicio técnico, capacitación, investigación de mercado y otras ofertas de negocios a comunidades y empresas. Así, desarrolló fertilizantes, enseñó a mejorar las cosechas, ayudó a reforestar, controlar incendios forestales y a mejorar el hábitat para la fauna silvestre.

Inicialmente, la TVA fue financiada íntegramente por el gobierno federal. Los fondos federales para el programa de energía terminaron en 1959 y los créditos federales para el cuidado del medio ambiente y las actividades de desarrollo económico en 1999. Actualmente, se autofinancia con la venta de energía eléctrica y reinvierte sus ingresos netos en iniciativas de desarrollo económico y mejoras en el sistema eléctrico.

Colombia ha desarrollo iniciativas parecidas aunque más limitadas, como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,  las Empresas Públicas de Medellín o la Federación Nacional de Cafeteros. Probablemente es hora de construir una nueva, de gran alcance, y dotarla de recursos para el desarrollo integral de las regiones pobres del país.

* Ph.D. Profesor, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.

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