Sobre el “fracking” y sus pilotos en Colombia

Por Sergio Roldán 

En respuesta al editorial del 10 de marzo de 2020, titulado “Se acercan los pilotos de “fracking”".

A propósito de las pruebas pilotos de fracking que se realizan en cumplimiento del principio ambiental de precaución, que obliga a la administración, cuando no tiene evidencias que descarten la posibilidad de un daño ambiental en la actividad humana, a realizar investigaciones que aseguren la certeza de la inocuidad —con razonabilidad, proporcionalidad y ponderación—.

La investigación sobre los posibles efectos de la tecnología de fracturación hidráulica abre un mecanismo de participación que está garantizado en una oportuna disposición a los interesados de información sobre los avances y resultados del experimento. Esta actividad debería ser imparcial, es decir, cumplida directamente por la administración. Sin embargo, los pilotos que sustentarán la definición del fracking en Colombia se realizarán por un actor interesado, cuestión que puede sesgar el estudio y restarle legitimidad.

Diversas voces, incluso países, han descartado dicha tecnología después de ponderar los efectos ambientales negativos que puede tener. Se añade un agravante que coloca a Colombia como uno de los países que sufrirán con mayor rigor los efectos del cambio climático. El argumento a favor puede recogerse de Yanovich, columna del mismo día del editorial (10/03/20): “¿cómo propone (el vocero de la alianza contra el fracking) reemplazar los ingresos de regalías o impuestos que (…) pueden generar estos yacimientos, (…) entre $70 y $160 billones? (…) (Ninguna) solución (propone) para generar oportunidades de empleo a las comunidades (…) beneficiadas (…) ni cómo obtener el gas natural (…), en un país con más de diez millones de usuarios”.

Por su parte, para el editorial “la amenaza inminente contra la independencia energética es latente”. Reconoce, sin embargo, que “son conocidos sus efectos ambientales negativos”. Como dice el editorial, los combustibles fósiles pueden ser una solución pasajera en un mundo que está dando pasos acelerados en la transición hacia energías limpias —eólica, solar, del mar— e invierte recursos para mitigar los efectos en la salud del dióxido de carbono y otros tóxicos, mediante la reforestación a gran escala, el manejo integral de las basuras, hasta la educación en la transformación de los hábitos de producción y consumo, entre otras.

¿La utilización de la fracturación es más dañina para el medioambiente que los recursos que se obtendrían? Es una pregunta que debería responder el ejercicio piloto, y en esa respuesta son varios los bienes jurídicos tutelados, los más valiosos, la protección de los acuíferos (recordemos La Lizama) con las implicaciones sociales en el acceso al agua de las comunidades y su permanencia en el territorio. El cambio es una decisión racional. Como con el diésel que respiramos todos los días o el glifosato, cuyos efectos conocemos, no podemos aplazar tanto tiempo la transición energética. Se requiere un estudio imparcial, del Estado, en representación del interés general. Cabe esperar que la empresa que hará el piloto tome en cuenta, además de la variable económica, las variables social, ambiental y cultural que exige la licencia ambiental, y la participación de otros actores en el seguimiento al proceso piloto de fracking.