Por: Cartas de los lectores

Sobre el trabajo infantil en Colombia

Con ocasión del 12 de junio de 2011, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un llamado al mundo para combatir el trabajo infantil peligroso, realidad que vincula a más de nueve millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina.

En Colombia, diversos medios de comunicación se sumaron a la campaña a través de múltiples actividades. El Espectador fue uno de ellos con la publicación de un artículo en su edición del 10 de junio bajo el título “Niños que trabajan: 1’849.987”, elaborado por la periodista Emiliana Malfatto.

Respecto de éste, nos permitimos manifestar nuestro desconcierto, ya que las intervenciones a mi nombre, como la coordinadora nacional del Programa IPEC-OIT, fue utilizada de manera descontextualizada y con base en afirmaciones que realiza la señora Malfatto, las cuales no corresponden a la visión de la OIT. Asimismo, es de notar que la información que se publica a mi nombre fue tomada no como producto de una entrevista formal para la ocasión, sino como resultado de una charla informal que fue sostenida con el delegado de este medio, previa a la celebración del 1° de mayo, Día Mundial del Trabajo.

La OIT brinda asistencia técnica a las organizaciones del gobierno, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, lideradas por el Ministerio de la Protección Social, en la puesta en marcha de una política que enfrente eficazmente el trabajo infantil. Esa política se plasma actualmente en la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 2008-2015 y sus avances son valorados periódicamente por la Procuraduría General de la Nación, a cuyos resultados puede accederse en la página www.pgnseguimientopfti.org.

En ese contexto, y con la idea de clarificar varias de las afirmaciones que se efectúan en el artículo, me permito expresar que:

1. El Estado colombiano ha mantenido un esfuerzo sostenido desde el año de 1996 para el desarrollo de la política nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

2. Según los resultados de la Procuraduría, entre el año 2005 y 2009, los departamentos con un desempeño alto o muy alto en su gestión contra el trabajo infantil pasaron de 9 a 33%, y las alcaldías de 12 a 39%, lo que indica un avance progresivo en la política.

3. Respecto de la magnitud y de la tendencia del problema en Colombia, la información es provista oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los resultados indican que el número de niños, niñas y adolescentes vinculados al trabajo decreció progresivamente entre el año 2001 y 2007. Para 2009 esta perspectiva se invirtió y la magnitud ascendió. Se han planteado diversas hipótesis para explicar este cambio, entre las que se encuentra la incidencia de la crisis económica.

El incremento de la magnitud del problema constituye un llamado a todas las organizaciones con competencia en el tema para fortalecer su acción coordinada en el marco de la política nacional contra el trabajo infantil, con el fin de que en un tiempo determinado ningún niño, niña o adolescente esté vinculado a alguna de estas actividades que son nocivas para su desarrollo.

Liliana Obregón Espinel. Coordinadora Nacional del Programa IPEC-OIT Colombia. Bogotá.

Palacio de los Deportes

El circo Chengdú se merecía mejor escenario que el Palacio de los Deportes. ¡Qué incomodidad! Los asientos de “primera”, blancos, como de piscina, están amarrados unos a otros. ¿Para que no se los roben? ¡Mamola! Para ganar espacio a costillas de la comodidad del respetable que paga. Los asistentes quedan codo con codo, “apretaítos”. Y no siempre le toca a uno al lado de Amparito Grisales, antes del tal Revertrex. Ahora, si el espectador que está frente a usted es cabezón, adiós velada. O termina con tortícolis. Toca “colarse” a las graderías desde donde se aprecia mejor. Claro que no devuelven la platica por cambio de escenario. Ojalá a los de otras ciudades los traten mejor.

Óscar Domínguez G. Bogotá.

Reforma a la justicia

En la tarde del 5 de julio falleció otro abnegado servidor judicial en Bogotá, Víctor Manuel Mahecha, quien fungió como secretario del Juzgado 4 Penal del Circuito de Conocimiento hasta su lamentable muerte. Ahora que está recién expedido el denominado Estatuto de Seguridad Ciudadana y que el Gobierno intenta consensuar una reforma estructural a la administración de justicia, resulta vital e inaplazable que se reflexione en las altas instancias gubernamentales y del inefable Consejo Superior de la Judicatura, y, por supuesto, en la propia sociedad que cada día exige más justicia a la vez que abandona a su suerte a los servidores judiciales. Ya son muchos los servidores afectados física y mentalmente por la desmedida sobrecarga laboral, especialmente en el área penal, que tan sólo le merece al Consejo Superior de la Judicatura “paños de agua tibia” con limitadas y precarias medidas de descongestión; pero no se promueven por esa corporación —hoy en la mira gubernamental— que prohíja en buena hora su desaparición o reemplazo, ni por los propios gremios de jueces y empleados judiciales, reuniones y consensos inaplazables para tratar franca y concienzudamente de buscar soluciones estructurales y de fondo a esta deplorable situación de atascamiento judicial, que en últimas va en contravía del derecho fundamental de los ciudadanos al acceso efectivo a la administración de justicia y a un debido proceso sin dilaciones indebidas e injustificadas.

 Jaime Enrique Lozano. Bogotá.

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