Por: Cartas de los lectores

Sobre la captura de Joaquín Pérez

A raíz del editorial de El Espectador el día 28 de abril de 2011 con el título "La captura de Joaquín Pérez", me dirijo a usted bajo la formalidad de los artículos 20 y 23 de la Constitución Política para solicitar de usted la rectificación o el derecho a réplica a la nota periodística, la cual considero viola mi derecho a (...) informar y recibir información veraz e imparcial (...). Por ello a continuación pasaré a señalar aspectos de esa nota donde no sólo se vierten medias verdades, sino mentiras completas:

Dice el editorialista en el texto en mención: (...) Pérez, identificado con el alias de Alberto Martínez, era buscado por la justicia colombiana por su vinculación con las Farc (...) y agregan más adelante: (…) Pérez, según se reveló con los computadores de Raúl Reyes, figuraba en la nómina de las Farc y se presume es colaborador activo de su diplomacia (…).

Es de aclarar que el señor Pérez no venía viajando bajo ningún alias sino con el pasaporte a su nombre que lo acredita como súbdito del reino de Suecia —luego de renunciar a la ciudadanía colombiana— y pasó no sólo por los controles aéreos de Suecia y de Fránkfurt, en Alemania, sin que las autoridades de esos dos países se hubieran dignado en detenerlo como sujeto de una circular roja que parece, o bien expedida durante el vuelo o que sólo opera en Venezuela.

En relación con los mágicos computadores de Raúl Reyes es diciente que el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, luego de una exhaustiva investigación periodística expuesta en su artículo “Acto de fe” (septiembre 4 de 2010), en el cual cuestiona la validez de las pruebas empleadas para el juicio político de la Procuraduría contra Piedad Córdoba, asegure: “Lo que olvida comentar el Procurador es que el propio capitán Coy, en una declaración a la Fiscalía bajo la gravedad del juramento, aseguró que no encontraron correos electrónicos en el computador de Reyes, sino documentos Word”.

El mismo informe oficial de la Interpol en relación con los mencionados archivos de esta suerte de “supercomputadores” afirma entre otras cosas que “el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley” (Conclusión N° 2b, pág. 31) ¿Estamos los colombianos que leemos El Espectador ante otro “acto de fe” como dice el columnista Daniel Coronell en la nota arriba mencionada? Y si es un acto de fe: ¿de dónde viene esta doctrina de periodismo poco profesional y con ínfulas de juez refiriéndose a caso juzgado?

 Nicolás Ramón Contreras. Tolú.

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