Por: Cartas de los lectores

Sobre la deuda de los Nule con el Banco de Bogotá

Con relación a la publicación de El Espectador del jueves 7 de abril de 2011, titulada “El carrusel de los acreedores”, me permito precisar que se incurrió en un error que quiero que se aclare:

1. La fuente de la información oficial es el oficio radicado en la Superintendencia de Sociedades bajo el número 2010-01-272896 el pasado 25 de octubre de 2010, en donde el Banco de Bogotá presentó sus acreencias al señor liquidador de Gas Kapital GR.

2. En dicho oficio se desglosan una a una las obligaciones directas de Gas Kapital GR para con el Banco de Bogotá, las cuales ascienden a la suma de $72’128.484 (pág. 2).

3. Más adelante, en la pág. 5, se desglosan las obligaciones en donde Gas Kapital es deudor solidario de la sociedad MNV S. A., las cuales ascienden a la suma de $11.580’556.417. Allí mismo se presenta un gran resumen total de obligaciones a cargo de Gas Kapital GR como deudor directo y también solidario de MNV, las cuales ascienden a $11.652’684.901. Nótese que este valor no es otro que sumar las deudas directas y las solidarias de Gas Kapital, es decir :

Cuadro 1: 72’128.484

Cuadro 2: 11.580’556.417.

Cuadro 3: Gran total: 11652’684.901.

4. En consecuencia, el dato que publica El Espectador en su nota está doblado, por cuanto contiene la suma del Cuadro 1 + Cuadro 2 + Cuadro 3, lo cual implica doblar la suma del total, así: $72’128.484 + $11.580’556.417 + $11.652’684.901 = $23.305’369.802.

5. Finalmente, se precisa que las obligaciones totales del denominado Grupo Nule con el Banco de Bogotá ascienden a la suma de $11.652’684.901, las cuales como ya dijimos se desglosan en $72’128.484 en cabeza directa de Gas Kapital y $11.580’556.417 en cabeza directa de MNV S. A., operación esta última en donde Gas Kapital es deudor solidario (indirecto) de MNV, pero la obligación es exactamente la misma, lo cual se verifica también a partir de los números de las obligaciones relacionadas en los oficios.

 Juan María Robledo Uribe.  Vicepresidente Ejecutivo.  Bogotá.

La urgencia deun Seguro Agrario

Los siniestros agrícolas ocasionados el año pasado por las inundaciones en la región Caribe, los vendavales en la zona platanera del Quindío, las granizadas en la zona cafetera de Risaralda y las heladas en la sabana de Bogotá, entre otras regiones, tienen en la quiebra a los productores agrícolas y ganaderos del país.

En estas situaciones de calamidad, la respuesta tradicional ha sido la de conceder ayudas económicas para paliar los daños producidos tras un siniestro. La experiencia nos muestra que la concesión de estos alivios, conocidos como “ayudas posteriores”, suelen estar rodeados de dificultades de gestión que, por una parte, hacen que los apoyos lleguen más tarde de lo deseable y, por otra, que éstas resulten insuficientes para compensar los daños producidos. Es en estos momentos cuando los esquemas de seguros agrarios se ponen a prueba y muestran sus bondades y su capacidad para hacer frente a las pérdidas del sector agropecuario.

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, viene haciendo grandes esfuerzos para poner en marcha un seguro agrario como instrumento de estabilización de los ingresos de los agricultores. Esta nueva ley de seguros agrarios debe contar con el compromiso del Ministerio de Hacienda y con el concurso de los gremios de la producción nacional y las compañías de seguros. De lo contrario, podría verse sumida en el fracaso. En 2002 hicimos un gran esfuerzo de concientizar a las autoridades del país de las ventajas de este esquema, pero pudieron más los criterios “teóricos” de unos burócratas de Hacienda y Planeación Nacional.

Pero, ¿cuáles son las ventajas para el Estado? En primer lugar, el Gobierno se coloca en una posición muy favorable para establecer “a priori” el presupuesto necesario para ayudar al desarrollo de su política, de distribuir ayudas para hacer frente a las catástrofes que pueden abatirse sobre la actividad agraria. A partir de ese momento debería de dejar de pagar ayudas “extraordinarias” a los agricultores si éstos han tenido la posibilidad de “comprar un seguro subsidiado”. En segundo lugar, la implicación política. Quien “da la cara” a partir de ese momento es el sector asegurador y no el Gobierno. Y, por último, la indemnización es directamente proporcional al daño ocurrido al agricultor y no como ocurre actualmente, en donde los dineros se entregan bajo criterios políticos y de forma arbitraria e injusta.

Y, ¿cuáles son la ventajas para el agricultor? Pues recibe la indemnización en un plazo menor que si fuera el Gobierno, porque es un derecho que se le debe, porque ha pagado una prima de seguro subsidiada y ha suscrito un contrato. Y no una “gracia” que le puede conceder el poder político. Además, la solvencia del agricultor mejora frente a los bancos, que saben que en caso de catástrofe el agricultor podrá obtener recursos para hacer frente a sus deudas.

Si no se establece un esquema de coaseguro entre las compañías de seguros, es imposible que este programa alcance un grado importante de aseguramiento, ya que se trata de hacer frente a riesgos que, por su intensidad, extensión, frecuencia aleatoria y costo económico, prácticamente no puede asumir cualquier aseguradora que actúe en forma aislada.

Estamos ante un negocio “al aire libre”, que necesita ser atendido a través de un esquema de aseguramiento eficaz, que asegure riesgos y no siniestros.

Indalecio Dangond Baquero. Valledupar.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.

 

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