Sobre la reforma a la educación

El Gobierno, a través del nuevo PND, pretende aumentar la cobertura bruta en educación superior en los próximos cuatro años de 35 a 50% aumentando los cupos en 480.000 estudiantes (645.000, según los ajustes introducidos).

Esta meta se entrecruza con la seudoreforma a la Ley 30 de 1992, cuyo núcleo duro es la menguante financiación estatal y las fuentes complementarias, en la que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), de manera precipitada ha propuesto la constitución de instituciones educativas “mixtas” con ánimo de lucro, sin exceptuar el  capital extranjero.

La premisa sobre la que se sustenta la meta gubernamental es que con la inclusión de inversionistas privados, como en cualquier servicio público dado en concesión, es posible ampliar la cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica. En el intervalo 2001-2009 la población estudiantil saltó de 1 millón a 1,5 millones y significó un incremento en la cobertura bruta de 24,5 a 35,5%. Si para elevar en  medio millón de cupos y once puntos se requirieron ocho años,  aumentarlo en quince puntos en cuatro años, es un sobredimensionamiento de las posibilidades. Algo más: de la matrícula total, las instituciones oficiales contribuyen con tan sólo el 55,8%. Las 32 universidades públicas, foco de la eventual inversión privada, captaban cerca de 455.000 estudiantes (46,5 %) del espectro universitario, el cual bordea el millón de personas y dispone de un presupuesto de $1,8 billones.

La propuesta gubernamental soslaya una situación inobjetable: el crecimiento de la planta docente de pregrado (la de los posgrado es aún más preocupantel) va a la zaga de la expansión de la oferta de programas académicos. Sólo el 55% en promedio de los profesores son de tiempo completo y medio tiempo, el resto es contratado como temporales o catedráticos. En las universidades públicas esta proporción es de 52,7% de los cerca de 20.000 profesores.

La intención del Gobierno de involucrar capital privado es, no sólo la renuncia del Estado de garantizar la financiación pública, sino también la prevalencia de la lógica del mercado, restringiendo el acceso a la universidad de miles de bachilleres (en 2010 fueron 625.466). Contrario a lo que sostiene el MEN, la cooperación Universidad-Empresa-Estado viene de tiempo atrás en  proyectos conjuntos de investigación y proyección social, siendo la docencia un territorio vedado.

Las universidades con ánimo de lucro traerán la proliferación de más universidades de garaje, en que la calidad será la primera sacrificada. Los fondos de becas en las universidades privadas son restringidos y el acceso al crédito educativo es laberíntico y oneroso.

Edilberto Rodríguez Araújo. Director Cenes de la UPTC. Tunja.

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