Por: Cartas de los lectores

Sobre la renuncia del fiscal general de la Nación

nte la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de no dar vía libre a la extradición de Jesús Santrich a los Estados Unidos, el fiscal general de la Nación, el abogado Néstor Humberto Martínez Neira, renunció irrevocablemente al cargo.

El desempeño del abogado Martínez Neira como fiscal general de la Nación desde sus inicios fue polémico, y hasta conflictivo, por distintas razones, y posiblemente, si se miran bien las cosas, hasta ineficaz, dado que los muchísimos y graves problemas que venía enfrentando de tiempo atrás el ente acusador se quedaron sin solución, a lo cual hay que agregar el extralimitado y exorbitante endeudamiento de esta institución del Estado por actos relacionados con el trámite de procesos penales que llevaron a que el ente acusador fuera declarado responsable por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

De alguna manera, el abogado Martínez Neira abusó de sus funciones y por vías de hecho se convirtió en el vocero del partido de gobierno ante el Congreso de la República y ante el pueblo colombiano, haciendo acopio y uso de argumentos en dirección a “hacer trizas” el Acuerdo de Paz convenido entre el Estado colombiano y las ex-Farc-EP, y, por supuesto, también la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los argumentos de la citada renuncia irrevocable son, objetiva y tropicalmente hablando, exóticos, emocionales e intrascendentes, en cuanto no se tiene en cuenta que los hombres viven y al final de su ciclo vital desaparecen, mientras las instituciones públicas, entre otras el Estado, permanecen y perduran.

La circunstancia creada con esta renuncia, que eventualmente puede llegar a ser histórica, debe servirnos a todos como motivo de reflexión, procurando que la Fiscalía General de la Nación retorne de manera total y definitiva a los cauces institucionales establecidos en los artículos 250, 251 y 228 de la Constitución Política y en el artículo 1º de la Ley 270 de 1996, en cuanto a sus funciones de investigar los delitos y de acusar ante los jueces a los infractores de la ley penal, cuando quiera que haya prueba, suficiente, adecuada y legal, que quiebre la presunción de inocencia y posibilite la imposición de la correspondiente sanción.

Esperamos que este acontecimiento se supere dentro de los cauces institucionales para bien de Colombia, del pueblo y de la administración de justicia, y para que el presidente de la República acepte por fin que debe gobernar para todos y no de manera exclusiva para su partido.

Rafael Aguja Sanabria. Abogado litigante.

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2019-05-17T00:00:00-05:00

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