Una decisión exagerada

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El Espectador, en su editorial del 27 de abril, “La emergencia en el Chocó”, dijo que la situación del departamento se complicaba “por el torbellino político que se desató con una decisión de la Procuraduría” de suspender por tres meses al gobernador, Ariel Palacios Calderón.

Vaticinó que las cosas se tornarían difíciles debido a que “se suman y multiplican los problemas que tiene que enfrentar el Chocó en medio de la pandemia”. Advirtió que “además de las desigualdades históricas, la falta de dotación y recursos en salud y la corrupción, ahora el departamento tendrá que enfrentar la crisis con un gobernador suspendido y un vacío de poder cuando lo que más se necesita es liderazgo”.

Las advertencias de El Espectador están a la vista, dado que con el desbordamiento exponencial de las cifras de contagiados y muertos por COVID-19 en el Chocó, está demostrado que el contrato de los $2.091 millones por el cual procurador, Fernando Carrillo, suspendió al gobernador del Chocó era necesario y prioritario.

El objetivo del contrato fue desarrollar campañas pedagógicas de prevención para garantizar la protección frente a la amenaza del COVID-19. Cuando fue suspendido el gobernador había cero casos de contagiados, ahora son 1.421 contagiados. La realidad que se observa en las calles de los municipios chocoanos, iniciando por Quibdó, su capital, muestra multitudes de personas transitando sin medidas de protección, pululan las rumbas por falta de concientización colectiva y ausencia de campañas educativas y de prevención.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿se necesitaban las campañas de capacitación, educación y prevención? La realidad está demostrando que sí. Un departamento con limitada cobertura de internet y con 17 de sus 30 municipios sin servicio de energía eléctrica ofrece un panorama con bastantes limitaciones para que las campañas televisivas y de redes sociales lleguen al gran número de su población. Por consiguiente, se requerían las metodologías que estaban contempladas en dicho contrato de acuerdo con las particularidades chocoanas.

Dos meses después, se puede concluir que la decisión del procurador Carrillo fue exagerada y que ha tenido consecuencias más negativas que positivas. No se debió tomar la decisión de suspender de inmediato al mandatario, sino un control de advertencia, como hizo con otros funcionarios, y seguir las investigaciones, para que no se presentaran tantos traumatismos administrativos.

La realidad es que la decisión del procurador, por un lado, frenó las campañas de educación y prevención. Y, del otro, ha generado una profunda inestabilidad política y un caos administrativo que alimentan las disputas políticas, que están haciendo ingobernable a un departamento que en los últimos diez años ha tenido 12 gobernadores.

Lo polémico fue que el procurador Carrillo suspendiera al gobernador del Chocó por un contrato que no se ejecutó, se liquidó, no se robaron un peso y no se configuró ningún detrimento patrimonial al departamento. Sin embargo, las investigaciones de otros contratos millonarios, otorgados, cuestionados y ejecutados en otros departamentos, por los ministerios e institutos descentralizados del orden nacional, por sumas superiores a los $14.065 millones, no han tenido la misma celeridad que el caso del Chocó.

No justifico la corrupción en ninguna de sus modalidades, pero no deja de ser cuestionable la manera tan determinista como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y algunos medios de comunicación han tomado ciertos casos de corrupción en el Chocó, para estigmatizar con una visión preconcebida y racista a este departamento como el centro de la corrupción nacional, cuando la realidad no es así. En un país donde la corrupción que se vive en Antioquia, Cundinamarca, Santander, Caldas, Cesar, Tolima y Chocó es una réplica de la pandemia de corrupción histórica y estructural que tenemos desde hace más de dos siglos, la frenaremos en la medida en que reformemos las estructura del modelo de Estado que tenemos.

José E. Mosquera.

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