Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Sobre los errores

A principios de este año, Iván Márquez dio unas declaraciones en las que afirmaba que la implementación del proceso de paz había sido deplorable y destacaba que el error de su agrupación había sido dejar las armas prematuramente. La idea subyacente es que el sistema no cumple con su palabra si no media alguna forma de coacción.

Ahora bien: uno puede fácilmente imaginar que esas afirmaciones se producen en el contexto de un complejo panorama político (tendencias dentro de la FARC, relaciones con el Gobierno). Ignoro completamente los ires y venires de tal contexto. He seguido, en cambio, con cuidado la evolución de los factores de violencia a nivel nacional, y tengo desde hace rato la convicción de que nos dirigimos sin escalas a un estrellón: en una frase, al tránsito de una “paz caliente”, pero paz al fin y al cabo, a una recaída en un conflicto abierto (siguiendo definiciones convencionales de la ciencia política). Y si queremos hacer algo para que ese proceso no siga su curso, es mejor tratar de contestar de manera razonada a las palabras del señor Márquez.

El Gobierno, en cambio, le dio una respuesta desde el recetario de la política naranja: es decir, una combinación de ignorancia, ligereza y amenaza sazonada con la porción habitual de mentiras más o menos descabelladas. Empujándolo a la ilegalidad, como si el propósito fuera recaer de una vez por todas en la guerra. Los lectores juzgarán por sí mismos las responsabilidades políticas involucradas en esta posición.

¿Tiene entonces razón Márquez? Creo que acierta en un punto y se equivoca en otro. Acierta en que la implementación ha sido desmoralizantemente inepta, y ha estado marcada por los incumplimientos y la falta de claridad, estabilidad y buena fe. Esto incluye no sólo al Gobierno actual, que sin embargo ha empeorado las cosas, sino también al anterior. Pero creo que se equivoca de cabo a rabo en lo de las armas. El error, en el mejor de los casos, fue no haberlas dejado mucho, muchísimo antes. Digo esto no por un prurito pacifista —el papel de la violencia en la historia es complejo—, sino por las especificidades de esta historia concreta de la que estamos hablando. Las Farc lograron crear una impresionante máquina militar; por eso fueron la única guerrilla que realmente desafió de manera existencial al Estado colombiano. Pero este curso militarista y la base financiera en la que estaba apoyado —el secuestro, la extorsión y el narcotráfico— tenían que causar, necesaria y estructuralmente, sufrimientos inenarrables a amplios sectores de la población. Cierto: tanto en su origen como en su desarrollo a las Farc no les faltaron motivos, comenzando por el simple hecho de que la organización fue fundada por campesinos a los que el Gobierno había sacado de sus casas a bala. Esto aplica también a guerrilleros liberales; el asunto está ampliamente documentado. A propósito, entre las voces que entonces azuzaron el conflicto desde arriba encontramos varios apellidos que hoy siguen en las mismas.

Pero ese curso militarista de la guerrilla más exitosa generó constantemente catástrofes humanas y de contera congeló, desestabilizó y esterilizó el cambio social incluyente. Mientras tanto, en toda América Latina estaban apareciendo fuerzas alternativas que mostraban la posibilidad real de producir cambios desde el voto y la movilización. Muchas de ellas han sido exitosas. Esta realidad, y no la esperanza insulsa de que todos los actores políticos se volverían de repente tolerantes y simpáticos, tuvo que estar en la raíz de la decisión, histórica y valiente, de entregar las armas. Tales condiciones están plenamente vigentes. Cualquier paso en la dirección de la guerra congela, dispersa y pone en riesgo a las opciones políticas nuevas que ha generado la sociedad colombiana, y en cambio fortalece las peores y más destructivas tendencias de ésta.
Claro: hay que presionar para una mejor implementación. Pero desde la política.

 

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