Por: César Ferrari

Sobre primas adicionales y aumentos salariales

Recientemente, el Senado colombiano aprobó una propuesta de ley para otorgar progresivamente una prima adicional a los trabajadores del sector privado y del público que ganan entre uno y tres salarios mínimos, la mitad en marzo y la otra en septiembre. La prima se alcanzaría a plenitud en 2022. Los trabajadores de las empresas grandes recibirían 15 días de salario; los de las medianas, 10 y los de las pequeñas, cinco. Estas primas serían adicionales a las que se entregan en junio y en diciembre equivalentes a 15 días de salario cada una.

Las primas decretadas legalmente son, por supuesto, una forma de aumentar los salarios a los trabajadores por vía administrativa, salvo que no se otorgan mensualmente a lo largo del año sino puntualmente; en el caso colombiano se otorgarían en cinco meses del año. Las primas existentes, de un salario adicional anual, representan un aumento salarial mensual de 8,3%. Las nuevas primas representarían un aumento salarial adicional, además diferenciado según el tamaño de la empresa.

Considerando las primas existentes y las nuevas, los trabajadores de las empresas más grandes estarían recibiendo anualmente un salario y medio mensual adicional que equivaldría a un aumento salarial de 12,5% mensual; los trabajadores de las medianas tendrían un aumento de 11,1%, y los de las más pequeñas, de 9,7%. De tal modo, si se trata de aumentar los salarios, ¿porque no decretar que la prima sea mensual en los porcentajes indicados?

Más aún, ¿por qué los trabajadores de las empresas grandes deberían recibir aumentos salariales mayores que los de las empresas más pequeñas? La respuesta podría ser que un aumento con esas características tiene relación con las posibilidades económicas de las empresas, más que con las necesidades de los trabajadores.

Si fuera así, lo que habría que plantear también es que las empresas intensivas en trabajadores deberían otorgar un aumento menor que las empresas intensivas en capital porque a las primeras se las afectaría desproporcionalmente frente a las que tienen pocos trabajadores.

En realidad, lo que queda claro es que todo esto tiene poco que ver con las necesidades de los trabajadores, salvo que para el trabajador recibir un peso adicional siempre es mejor que no recibir un peso adicional aunque ese aumento sea nominal y, por lo tanto, transitorio en términos reales cuando el aumento comience a erosionarse con el aumento de los precios.

Quienes favorecen los aumentos salariales por vía administrativa argumentan, usualmente, que aumentar los salarios a los trabajadores conduce a una mayor demanda, ésta a una mayor producción y ésta, a su vez, a una mayor contratación laboral. Mejor dicho, decretar administrativamente un aumento salarial conduce a que las economías sean más exitosas, porque los empresarios hacen más utilidades porque venden más y los trabajadores son más felices porque con mayores ingresos pueden adquirir mayores bienes y servicios. Eso es lo que seguramente piensan las autoridades, como en Venezuela, que, por vía administrativa, regularmente aumentan el salario a los trabajadores.

Pero la economía no funciona en estancos separados y, por lo tanto, no puede analizarse en términos parciales. Todo tiene que ver con todo, lo que quiere decir que cualquier medida debe analizarse en todos sus efectos.

Un aumento salarial que, como en este caso, no tiene relación con un aumento en la productividad, es decir, con una mayor producción con el mismo nivel de recursos generada por una mejora tecnológica o una mayor capacitación del trabajador, produce un aumento en los costos de las empresas, lo que las vuelve menos competitivas con lo que acaban vendiendo menos y, por lo tanto, produciendo menos y contratando menos trabajadores; es decir, produciendo más desempleo. Y el aumento de la demanda consecuencia del aumento salarial o se traduce en mayores precios, lo que acaba reduciendo el aumento salarial, o en mayores importaciones que confirman la reducción productiva.

Hay una cuestión adicional que debe considerarse. Al incluir a los trabajadores públicos, la propuesta tiene también efectos fiscales. El problema es que la situación colombiana no es precisamente la de bonanza fiscal sino todo lo contrario. A estas alturas es más o menos claro que la última reforma tributaria fue inefectiva para lograr los recursos que el Estado colombiano requiere para atender las demandas y las obligaciones que tiene con la sociedad colombiana.

Por otro lado, en las economías de mercado, los salarios reflejan el equilibrio entre las demandas por servicios laborales derivados de la actividad de la economía y las ofertas correspondientes derivadas de la cantidad de trabajadores y de lo que estos quieren ganar. En ese equilibrio es donde se define el salario.

Esos mercados pueden definir salarios muy bajos. En ese caso, el Estado en representación de la sociedad puede decidir: 1) compensarlos vía subsidios o 2) promover una nueva estructura económica que se traduzca en mayor actividad económica con mayor intensidad de mano de obra y, así, en mayores salarios.

Mejor dicho, ¿es posible aumentar los insuficientes salarios de los trabajadores colombianos sin recurrir a medidas administrativas? Claro que es posible. Es ciertamente un camino más difícil, pero no imposible y, sin duda, más efectivo. La manera de hacerlo es volver más competitivas a las empresas, grandes, medianas y pequeñas, para que vendan y así produzcan más, contraten más gente y, de tal modo, los salarios sí aumentarán efectiva y sostenidamente.

En Colombia, volver más competitivas a las empresas pasa por hacer más eficientes los mercados de servicios importantes, es decir, los crediticios, de comunicaciones, de transportes, de comercialización, para reducir las tasas de interés caras, las llamadas telefónicas caras, los peajes caros, etc. Y eso exige políticas regulatorias más adecuadas.

*Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.

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