Por: Rodolfo Arango

Sobre tierras y política

La mesa de negociaciones en La Habana está llegando a un momento cumbre.

 No tanto por la premura del presidente de mostrar resultados y acreditar el proceso ante la opinión pública, a cuyo fracaso le apuesta el uribismo su recuperación electoral. Los temas de tierras y política están íntimamente relacionados, aunque se negocien en capítulos separados. Valdría la pena tener claridad sobre dichas relaciones. La propuesta de zonas de reserva campesina (ZRC), elevadas a entidades territoriales con autonomía, jurisdicción y presupuesto propio, todo en aras de reivindicar los derechos campesinos, parece excluir dichas zonas del debate político. ¿Se podrían explotar sus riquezas naturales luego del pacto de paz? ¿De qué dependería tal explotación? ¿Quién decidiría cómo y cuándo explorar y explotar los recursos naturales renovables y no renovables en las ZRC? Si tales riquezas del subsuelo son de la nación entera, ¿cómo sería el reparto? Dos realidades muestran lo punzante del tema. La consulta previa, ideada para contar con el consentimiento de las comunidades indígenas en proyectos que pueden llegar a afectarlas, carece de acuerdo para su reglamentación y se ha convertido en magno problema para el gobierno y los grupos étnicos. Por otra parte, es evidente que la explotación ilegal de minerales se práctica a lo largo y ancho del país, en desmedro de la salud de todos, situación que tendería a mantenerse después de cualquier acuerdo, debido a la debilidad institucional. El debate sobre modelo económico de desarrollo se cuela en la discusión agrario-política por todas las rendijas.

La relación tierras y política plantea preguntas centrales sobre el tipo de democracia que queremos. La defensa de las ZRC con autonomía, jurisdicción y presupuesto propios nos acerca a una democracia corporativa, donde el poder económico y político está distribuido por acuerdo previo entre grupos o sectores de la población, sin que sea materia disponible en el debate democrático deliberativo. Por su parte, el modelo unitario favorece una democracia representativa de corte liberal, en desmedro de amplios sectores de la población que no tienen voz ni voto en la práctica. Ninguno de los dos modelos de democracia es satisfactorio o aceptable.

Antes que el modelo democrático, la relación entre tierras y política pone a prueba la capacidad que tenemos como colectividad de vivir bajo una misma constitución. La discusión sobre ordenamiento rural y su conexión con la participación política refleja lo mucho que debemos avanzar en el aprendizaje de procedimientos para resolver las diferencias sin recurrir a la violencia. Existe enorme distancia entre la solución de Rousseau y la de Hobbes a este respecto: para el primero sólo es posible asegurar el bien común retornando a la naturaleza, incluso prescindiendo de la política; para el segundo, la finalidad del bienestar común se logra exclusivamente por un régimen político unitario y por el monopolio de la fuerza. Ninguna de las dos opciones asegura hoy en día la legitimidad de un régimen. Sólo la debida consideración y respeto de todas y todos en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas podrá asegurar una paz duradera. Para formular, deliberar y decidir tal constitución política se requiere buena voluntad, más aún, una voluntad unificada. ¿Será la mesa de La Habana la instancia para ello? ¿Estará maduro el proceso? Exigir asamblea constituyente para sellar el acuerdo parece un contrasentido: sería como barajar de nuevo cuando las cartas ya se han repartido.

 

 

 

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