Por: Cartas de los lectores

Sobre un artículo

Sobre un artículo

En relación con el artículo “Discapacitados mentales y su derecho a ser padres”, publicado el día 11 de agosto en El Espectador, hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación como agentes de información y educación fundamentales para la sociedad para que adopten la terminología adecuada cuando se refieren a las personas con discapacidad en el siglo XXI.

Llamado no sólo como familia de un joven con discapacidad intelectual, sino como pediatra y docente universitaria en discapacidad.

Los términos no son neutros al referirse a una población históricamente estigmatizada, sino que develan imaginarios y valores sociales que contribuyen a perpetuar el estigma y la exclusión o, al contrario, a reconocer su dignidad como ciudadanos sujetos de derecho.

Desafortunadamente, el artículo, cuyo fondo no es menos trascendental que la forma como está escrito, contribuye a perpetuar miradas peyorativas que los colectivos de personas con discapacidad, la academia y las sociedades científicas intentan transformar desde hace ya hace algunos años.

“Limitación mental”, “incapaz”, “persona mentalmente disminuida” y “enfermedad” son algunos de los términos que se utilizan en el artículo y que por muchos años designaron a estas personas como enfermos caracterizados por un déficit o carencia, imponiéndoles un menor valor social. Hoy, el llamado es a reconocer su dignidad desde el rol de ciudadanos con una diversidad funcional, en este caso intelectual, que puede o no conllevar a una discapacidad en la medida en que el contexto garantice apoyos y disminuya barreras que permitan su plena inclusión social y el ejercicio de sus derechos.

“Persona con discapacidad intelectual” y no “discapacitado mental” es el término recomendado para este artículo.

Es un llamado a los medios, juristas y demás instancias de la sociedad a actualizarse e incorporar los términos adecuados en las leyes y en los medios masivos de información y comunicación para responder a los compromisos que adquirió Colombia al ratificar la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 2011.

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