Por: Yesid Reyes Alvarado

Sobre una columna confusa

Hace dos semanas escribí una columna titulada “Una JEP voluntaria para todos”, en la que buscaba expresar mi preocupación por uno de los temas mencionados en el comunicado que expidió la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la JEP. Como, según me han manifestado varios lectores, el texto resultó confuso, intentaré explicar el problema de mejor manera.

En la sentencia C-674 de 2017, la Corte dijo que el incumplimiento de las condiciones impuestas por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición “no solo impide acceder a los tratamientos diferenciales, sino que también implica la pérdida, no de la competencia de la JEP, sino de los tratamientos especiales, con sujeción al principio de gradualidad”. Según esto, ninguna de las personas obligadas a comparecer ante la JEP (exguerrilleros de las Farc y miembros de la fuerza pública) puede ser expulsada de ella, ni siquiera en los peores casos de desobediencia.

Esa interpretación corresponde a lo acordado en La Habana, como se desprende de la estructura del régimen de sanciones. Mientras los que de manera rápida y completa otorguen verdad y acepten responsabilidad están sometidos a una restricción de la libertad de máximo ocho años, los que no lo hagan pero resulten condenados por la JEP deberán pagar una pena de prisión de 15 a 20 años. El diseño de este modelo punitivo reserva la consecuencia más severa para quienes incumplan las condiciones que el Sistema impone, pero los mantiene siempre dentro del mismo; en ninguna parte del Acuerdo se dijo que la consecuencia para quien se niegue a colaborar con la JEP es su expulsión de ella, sino la aplicación de una pena de hasta 20 años que debe cumplir en una cárcel normal. Si esas desobediencias permitieran la expulsión del renuente, entonces la comparecencia ante la JEP no sería realmente obligatoria; a quien no quisiera someterse a ella le bastaría anunciar desde el comienzo que no acatará ninguna de las obligaciones inherentes al Sistema, para que fuera remitido a la justicia ordinaria.

En el comunicado de prensa sobre la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la JEP, la Corte dice que el régimen progresivo y proporcional de sanciones que debe redactarse para aplicar en los casos de incumplimiento de las obligaciones impuestas puede implicar (en las hipótesis más graves) que la persona renuente sea expulsada de la JEP. Como parece que esta decisión modifica lo dicho en la C-674 de 2017, donde se señaló que en ningún supuesto el desacato podría tener esas implicaciones, convendría que en el texto final de la sentencia se aclarara el tema. Porque si a alguien le basta con negarse a cumplir todas las condiciones del Sistema para quedar al margen del mismo, no cabe la menor duda de que la comparecencia a la JEP estará en sus manos y habrá dejado de ser obligatoria. Puede que en la práctica sean pocos los que prefieran estar en la justicia ordinaria; pero el solo hecho de abrir esa puerta supone acabar con uno de los ejes fundamentales de este modelo de justicia que es el de su obligatoriedad, por lo menos para las Farc y los integrantes de las Fuerzas Armadas.

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