Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Solidaridad forzada

En los últimos y espinosos cuatro días, dos representantes del Ejecutivo se refirieron en televisión nacional a dos sucesos muy dispares. El miércoles el presidente Duque anunció que en el contexto de la emergencia sanitaria “se hará reconexión del servicio de agua gratuitamente, y por una única vez, a cerca de un millón de personas que lo tenían desconectado por falta de pago”. El ministro de Vivienda añadió que el Gobierno intentará reconectar el servicio en los próximos 10 a 15 días. Por otra parte, el día jueves, cuando la alcaldesa Claudia López comunicaba los pormenores del simulacro de aislamiento, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, habló sobre medidas especiales en municipios como Girardot, La Mesa y Anapoima. Dijo que ya se veían llegar desde Bogotá a los primeros viajeros con sus jet skis, haciendo mercados para pasar la cuarentena en sus fincas sin contratiempos y en climas calientes.

Más que para darnos golpes de pecho, estos dos extremos nos hablan de oportunidades para la solidaridad regulada en las semanas que llegan. En específico, nuestra desigualdad abre las puertas para la solidaridad y la responsabilidad diferencial en el logro de los objetivos colectivos. No sería la primera vez que echamos mano de las diferencias de ingresos, sueños y recursos entre nosotros. En 1929, en pleno coletazo de una crisis mundial y frente a un Estado que no tenía cómo reaccionar rápido, Bogotá recurrió a tres bancos nacionales para obtener préstamos y poder extender sus redes de agua. La ciudad se urbanizaba e industrializaba, pero a la vez se sumergía en varias crisis sanitarias. Algo muy similar sucedía en Medellín.

En Bogotá y Medellín las empresas públicas introdujeron medidores de agua en los barrios de altos ingresos y en sectores institucionales, comerciales e industriales. Esto, para frenar el consumo y aumentar los recursos de las empresas para que pudieran invertir en extender los servicios a barrios de menores ingresos. En momentos en que en Bogotá la precaria situación sanitaria se veía empeorada por una sequía y distintas epidemias como la fiebre tifoidea, el Concejo le dio al servicio público la autoridad para eliminar las exenciones disfrutadas por algunas élites y estableció tarifas diferenciales o subsidios cruzados. Al utilizar evaluaciones de valor de la propiedad, las de mayor valor y los grandes comercios e industrias pagaron tarifas superiores al costo total de los servicios, subsidiando los hogares con evaluaciones más bajas o en arriendo (que estaban exentos de medición). Estas políticas permitieron los aumentos necesarios en los ingresos de las empresas públicas para apoyar la infraestructura y salir de las distintas emergencias sanitarias.

La medida, ideada en reuniones principalmente entre profesionales de la salud pública, fue contestada por todos los medios y, especialmente, por todos los gremios. No obstante, tanto en Bogotá como en Medellín fue defendida por distintos políticos profesionales y funcionarios de las empresas de servicios que no veían otra salida a tal desigualdad. La solidaridad entre colombianos tuvo que forzarse, pero el agua llegó a más barrios. La cobertura de agua se triplicó, de 28,8 % de hogares que tenían agua corriente en 1951 a 69,7 % en 1985. En aquellas décadas, fueron las ciudades grandes las que jalonaron el desarrollo regulatorio: medidas de solidaridad se adoptaron más tarde a escala nacional, tentativamente en la década de 1940 y más ampliamente a partir de la década de 1960.

Muchísimo ha cambiado: hemos transitado de la solidaridad regulada a los bonos del agua del ministro Alberto Carrasquilla. Pero ya lo hicimos una vez, y tal vez podamos encontrar el camino de las políticas públicas creativas, sensatas y redistributivas.

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2020-03-20T20:58:03-05:00

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2020-03-21T16:27:54-05:00

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