Por: Columnista invitado

¿Sólo pañitos de agua tibia?

Por: Luis Guillermo Plata

Presidente Probogotá Región

El mundo está viviendo la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que la velocidad, el alcance y la disrupción que la innovación introduce en las industrias tradicionales por cuenta de la tecnología. Pero la cuarta revolución no está afectando sólo a las empresas. Las ciudades también están sujetas al impacto de este fenómeno y Bogotá no es la excepción.

Un caso que ejemplifica lo anterior es el de la industria del taxi en nuestra ciudad, que enfrenta la disrupción ocasionada por las plataformas tecnológicas como Uber, Cabify, Easy Taxi y Tappsi, entre otras. Su llegada al mercado dejó al descubierto la necesidad de replantear el esquema en pro de una mejora en la calidad del servicio.

Aunque es innegable que hoy existe un desbalance en las normas para que los taxis compitan en igualdad de condiciones con los aplicativos móviles que conectan a particulares, la salida no es la prohibición. El gran reto es modernizar nuestro marco regulatorio local y nacional para evitar su obsolescencia y fomentar la adopción de soluciones tecnológicas que beneficien a la industria, a los usuarios y a nuestra ciudad. Si bien el reciente anuncio de la Secretaría de Movilidad al respecto es positivo, se queda corto.

Según la Secretaría, a partir de agosto expedirá dos decretos: uno con la actualización de tarifas (obligación que responde a un mandato legal) y otro para obligar a todos los taxis a utilizar una app (que elimina el taxímetro) cuyo beneficio principal está en brindarle al usuario, desde el momento del abordaje, claridad en la tarifa que le será cobrada. Además se espera la entrada en circulación de los denominados taxis de lujo, situación derivada del decreto 2297 de 2015 del Ministerio de Transporte, expedido durante las discusiones sobre las nuevas plataformas tecnológicas, que en la práctica sencillamente le creó a la industria del taxi en Bogotá un nuevo mercado que explotar. Cabe preguntarse, entonces: ¿resuelve esta reglamentación los problemas de fondo de la industria del taxi en Bogotá?

En nuestro reciente análisis, Nuevas tecnologías e innovación en la industria de transporte público individual, hallamos que los problemas de este sector son muchos y más complejos que la claridad en la tarifa, sin que ésta deje de ser importante. Por ejemplo, la regulación que desde hace años impuso como barrera de entrada un derecho de reposición o “cupo” generó, sin proponérselo, un mercado secundario que desde 2004 se ha valorizado en más de 700 % y que hoy se estima en $5 billones que, dicho sea de paso, no genera ningún ingreso para la ciudad. Como increíblemente tampoco lo hace el 98 % de los aproximadamente $2,9 billones que se estima mueve anualmente la industria del taxi en Bogotá, de manera informal y mayoritariamente en efectivo, dificultando su trazabilidad y la habilidad del Estado para gravarlos. El restante 2 %, que sí es formal, corresponde sólo a alrededor de 36.000 millones que se recaudan por las cuotas que están obligados a pagar los taxis a las empresas afiliadoras.

Con este panorama, ahora que la Secretaría de Movilidad está tomando cartas en el asunto haciendo uso de la tecnología y sus posibilidades, sería realmente valioso que se diera a la tarea de profundizar su aprovechamiento para resolver otras necesidades apremiantes, como, por ejemplo, la formalización de los ingresos de la industria habilitando a la Nación y el Distrito para gravarlos efectivamente en beneficio de la ciudad y los conductores, o el mejoramiento de la calidad del servicio y la posibilidad de que los usuarios cuenten con diferentes opciones gracias a una sana y bien regulada competencia.

Es evidente que la solución definitiva no está exclusivamente en manos de la Secretaría de Movilidad y que sigue siendo necesaria y urgente la actualización de la regulación por parte de la Nación. En el fondo, lo importante es que con base en lo que está sucediendo con la industria del taxi, se dé un debate nacional sobre la inconveniencia de entender la disrupción tecnológica como un fenómeno negativo, y que como país tengamos el propósito de modernizar nuestro marco regulatorio para que los mercados sean cada vez más competitivos y se abra paso a la economía del siglo XXI. Mantener regulaciones obsoletas o quedarnos en pañitos de agua tibia que sólo favorecen viejos esquemas industriales o de servicios, sentaría un precedente nefasto y sería sin duda el camino más directo para anclar a Bogotá y a Colombia a una economía propia del siglo pasado.

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