Solo piénsenlo

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En los últimos días ha causado revuelo el fallo de tutela proferido por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bogotá que le ordenó al Gobierno nacional reactivar o poner nuevamente en vigencia la medida de exigir a los viajeros que pretenden ingresar al territorio nacional la presentación del “certificado de la prueba PCR que determine el SARS-CoV-2 resultado negativo”, así como guardar una estricta cuarentena por 14 días.

Es evidente que, hace algunos meses, hubo razones de política pública en materia de salubridad que llevaron a que el Gobierno nacional adoptara esa medida. Nadie duda que, en su momento, eso era lo correcto. Es esperable, también, que la decisión de haber levantado dicha exigencia haya estado motivada por las más estrictas consideraciones en materia de manejo de epidemias. Particularmente, he oído al ministro Fernando Ruiz y estoy convencido de que le asiste razón en este asunto: hoy en día, mantener esa exigencia migratoria es inane e innecesario, pues el virus ya está altamente propagado en nuestro territorio y ese control ya no hace la diferencia.

Y claramente eso a veces pasa. Cosas que antes eran indispensables dejan de serlo. Hace meses la medida resultaba necesaria, pero ahora, en condiciones diferentes, bien puede resultar lo contrario, como lo sostienen el Gobierno nacional y la OMS, entre muchos otros.

Pero también es necesario comprender que no todo el mundo así lo entiende y que alguien tenga el fundado temor de que ello es un grave error y una amenaza para su salud y la de todos. Por eso, es entendible que un ciudadano haya acudido a la acción de tutela para que un juez, por cuenta de la lesión o la amenaza de derechos fundamentales como la salud en conexión con la vida, le ordene al Gobierno restablecer la exigencia a los viajeros de contar con una prueba PCR negativa para COVID-19 y guardar cuarentena por 14 días.

Ese es el debate que hay en el expediente del fallo de tutela. Tengo la idea de que el Gobierno tiene la razón, pero me preocupa, y mucho, que por cuenta de este fallo se esté abriendo camino para desacatar los fallos judiciales y en especial los de tutela, que han sido forjadores de acceso a la justicia efectiva y célere para millones de colombianos. Todo desacato de un fallo es un atentado al Estado de derecho.

Al margen de quién finalmente tiene la razón, es evidente que ha surgido la necesidad de crear un instrumento constitucional que le permita al Gobierno nacional, en ciertas y especialísimas condiciones, acceder a una instancia judicial inmediata —si se quiere, con el visto bueno del procurador general de la Nación—, en la que puedan pedir —Gobierno y Procuraduría— que la apelación del fallo de tutela se surta sin que haya obligación de cumplirlo, es decir, que la apelación suspenda el cumplimiento de la sentencia de tutela, o que se permita acceder a una segunda instancia inmediata que atienda el caso como un “asunto de interés prioritario”, pues cualquiera entiende que 20 días hábiles (un mes) podrían resultar un término insoportable para ciertos asuntos públicos, como el que nos ocupa.

No al desacato de los fallos judiciales. No al gobierno de los jueces, que se da cuando estos se entrometen en las decisiones que son de política pública y del resorte exclusivo del Ejecutivo. Hay que crear un mecanismo judicial, sin duda, para superar inmediatamente estos conflictos que son asuntos de interés prioritario. Todo, por el bien de la justicia, del Ejecutivo, de la propia acción de tutela, de la separación de los poderes públicos, del Estado de derecho y de la gente.

Sé que cada vez que alguien propone cambios a la acción de tutela, como mínimo, le caen rayos y centellas. No importa; solo piénsenlo.

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