Por: Mauricio Botero Caicedo

Solucionando el meollo de los conflictos

Las personas que han estudiado los múltiples conflictos en Colombia no vacilan en señalar que parte de la culpa es que no hay en el país un registro eficaz de títulos legítimos sobre la tierra. El Estado no ha sido capaz de conformar un catastro actualizado, instrumento indispensable para la paz. Como bien lo afirmaba un artículo de la revista Semana (mayo 13 de 2017), “más que silenciar los fusiles, un proceso de paz debería servir para darle una nueva oportunidad al campo. En los últimos 50 años, los actores violentos —la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico— han victimizado a los campesinos y les han arrebatado ilegalmente miles de hectáreas. El crecimiento de mafias locales de diversa naturaleza se ha llevado por delante los esfuerzos de varios gobiernos por concretar una reforma”. Sin un registro eficaz de quiénes tienen derecho a los títulos legítimos, quitarles las tierras a los propietarios ilegales y entregárselas a los dueños genuinos no es una opción.

De una manera eficiente, el Gobierno de Duque ha ido encontrándole solución al retraso en el catastro, meollo de los conflictos en Colombia. Las cifras del desorden son elocuentes: a inicios del 2019, el 66 % del territorio nacional tenía información catastral desactualizada, el 28,32 % no contaba con información catastral y solo el 5,68 % del territorio la tenía actualizada. El gobierno de Duque se propone, previendo mecanismos para la sostenibilidad financiera y su actualización de manera permanente, pasar del actual 5,68 % del área del territorio nacional con información catastral actualizada, al 60 % en 2022 y posteriormente al 100 % de cobertura en 2025.

Una problemática asociada con la desactualización del catastro es la falta de consistencia entre la información catastral y la del registro. De los 3’293.219 de predios rurales reportados en el catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), solo el 46 % logró asociar el código catastral con el respectivo folio de matrícula inmobiliaria en las bases de datos. Para las zonas urbanas, de una muestra de 5’167.222 predios reportados en catastro, solo en el 68,2 % de los casos fue posible encontrar el mismo predio en las bases de datos del registro.

Uno de los logros de la administración ha sido quitarle el monopolio del catastro al IGAC, entidad tan costosa como burocratizada. En el pasado, para lograr una actualización catastral se requerían 19 formularios con 400 variables, y para formalizar un título de dominio por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) era necesario implementar un expediente de 250 páginas en promedio, 47 firmas y un mínimo de 253 días. Hoy se requiere un solo formulario que tiene 19 variables y se proyecta un proceso de formalización de predios rurales digital. Un catastro actualizado, a la tercera parte de lo que cobraba el IGAC, no solo va a representar mayores ingresos para los municipios, sino que un campesino, con títulos legítimos sobre su tierra, lo pensará dos veces antes de dedicarla a la siembra de coca.

Apostilla: La culpa del regreso de las disidencias a la guerra recae en la pusilanimidad de los negociadores de la paz. En vez de exigir que las Farc confesaran todo lo relacionado con el narcotráfico, incluyendo rutas y laboratorios, dejaron que mantuvieran intacto el negocio para retomarlo en el momento que lo consideraran oportuno. Como diría Churchill, al arrodillarnos nos quedamos sin la paz, pero con la humillación y la guerra.

* Miembro del Consejo Directivo del ICP.

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