Por: Armando Montenegro

Superintendencia de educación

LAS ENTIDADES DE CASI TODOS LOS sectores económicos y sociales son vigiladas por alguna superintendencia del Estado.

Por esta razón, mantienen un sistema único de cuentas, presentan informes, están sometidas a control y vigilancia y, en casos graves, pueden ser intervenidas. Así el Estado cumple su obligación constitucional de vigilar el desempeño de los agentes privados y públicos.

Esto ocurre, de manera harto defectuosa, con las instituciones educativas. El Estado no cuenta con un modelo de supervisión, vigilancia, inspección, análisis e intervención en casos críticos. Los informes públicos y la rendición de cuentas de las instituciones son casi inexistentes.

Las secretarías de Educación y el Ministerio cumplen, de manera demasiado imperfecta, algunas funciones de vigilancia y control. En el caso de las secretarías, salvo contadas excepciones, se trata de entidades excesivamente débiles, contaminadas de influencia política y sindical.

Como consecuencia de esto, funcionan con impunidad colegios y universidades, públicos y privados, de garaje. Aunque no está permitido por la ley, el ánimo de lucro de muchas entidades educativas privadas es rampante. Y el desperdicio de recursos en algunas instituciones públicas es enorme. En muchos casos no se enseña nada, se pierde el tiempo, a pesar del colosal esfuerzo económico del Estado y las familias.

Como en otros países, en Colombia se debe crear una superintendencia que vigile el uso de los recursos públicos y privados y que asegure el cumplimiento de los estándares de gestión de las entidades educativas que atienden la infancia, la educación básica, técnica y superior. Entre tantas cosas, debe existir un plan único de cuentas, obligaciones de reporte, así como un modelo de inspección, análisis y vigilancia. Y la superintendencia debe tener capacidad de investigación (hacer visitas, examinar documentos y analizar el desempeño) y, en casos excepcionales, de intervención y sanción.

La superintendencia debe atender las quejas y reclamos de los alumnos y padres de familia y dar amplia publicidad a los resultados y los indicadores de las entidades vigiladas.

Con una información homogénea sobre los distintos ingresos y los gastos de funcionamiento e inversión, la Superintendencia debe construir indicadores de gestión y modelos financieros analíticos para examinar lo que sucede en el interior de las entidades educativas. Esta información se cruzará con los resultados de las pruebas de Estado y las evaluaciones de los docentes y los planes de desarrollo institucional.

Y, al igual que en los casos de las otras superintendencias, que intervienen y toman posesión de las entidades que fracasan y ponen en peligro el interés público, la de educación debe tener la capacidad de imponer metas perentorias de mejoría e, incluso, llegar a retirar la licencia de funcionamiento de los casos más delicados.

Esta entidad debe tener una gran capacidad técnica. Sus directivos deben contar con buena formación en asuntos financieros y de manejo y gestión de entidades educativas. Entre tantas cosas, debe existir un plan único de cuentas, obligaciones de reporte, así como un modelo de inspección, análisis y vigilancia. Y la superintendencia debe tener capacidad de investigación (hacer visitas, examinar documentos y analizar el desempeño) y, en casos excepcionales, de intervención y sanción.

La superintendencia debe atender las quejas y reclamos de los alumnos y padres de familia y dar amplia publicidad a los resultados y los indicadores de las entidades vigiladas.

Con una información homogénea sobre los distintos ingresos y los gastos de funcionamiento e inversión, la Superintendencia debe construir indicadores de gestión y modelos financieros analíticos para examinar lo que sucede en el interior de las entidades educativas. Esta información se cruzará con los resultados de las pruebas de Estado y las evaluaciones de los docentes y los planes de desarrollo institucional.

Y, al igual que en los casos de las otras superintendencias, que intervienen y toman posesión de las entidades que fracasan y ponen en peligro el interés público, la de educación debe tener la capacidad de imponer metas perentorias de mejoría e, incluso, llegar a retirar la licencia de funcionamiento de los casos más delicados.

Esta entidad debe tener una gran capacidad técnica. Sus directivos deben contar con buena formación en asuntos financieros y de manejo y gestión de entidades educativas.

La creación de esta superintendencia, con el objetivo de elevar notablemente la capacidad del Estado

 

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