Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Supermagistrado de barro

Alejandro Ordóñez suele ufanarse de haber proferido miles de sentencias como magistrado que fuera del Tribunal Contencioso Administrativo de Santander y del Consejo de Estado.

Cualquiera creería que ese impresionante récord hace del hoy procurador un experto en el difícil arte de administrar justicia, pero otra cosa se desprende de algunos de los fallos que llevan su firma, de los que brotan delitos o faltas inexcusables. Así lo demuestra esta historia que será un buen ejemplo en las facultades de derecho para enseñar a los futuros abogados lo que no pueden hacer como jueces.

El señor Julio Núñez Sánchez demandó una decisión del Ministerio de Educación que negó el reconocimiento de su pensión de jubilación como personal docente. La demanda fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, y fue sustanciada por el entonces magistrado Alejandro Ordóñez Maldonado, quien con las firmas de sus colegas, Francy del Pilar Pinilla Pedraza y Gloria Elisa Díaz de Gómez, le concedió la razón al demandante mediante fallo del 21 de febrero de 2000.

Contra esa sentencia el apoderado del Ministerio de Educación interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado, corporación que mediante fallo de segunda instancia del 3 de marzo de 2002, revocó el de primera instancia, negando las pretensiones del demandante. Lo anterior no tendría nada de raro, porque diariamente el Consejo de Estado revoca decisiones de los tribunales, sólo que en este evento ocurrió un hecho atroz, por decir lo menos. En efecto, para cuando el expediente subió en apelación ya Alejandro Ordóñez había dejado su plaza de magistrado en Santander y ostentaba la de consejero de Estado. Pues bien, la Sala del Consejo de Estado que revisó esa decisión de primera instancia del tribunal santandereano estuvo integrada por los magistrados Tarcisio Cáceres Toro, Jesús María Lemos Bustamante y Alejandro Ordóñez, el mismo que había sido ponente del fallo de primera instancia. Es decir, Ordóñez fue magistrado en las dos instancias, en la primera como ponente decidiendo a favor del demandante, y en la segunda como integrante de la sala que revocó su propio fallo.

El solo hecho de participar en ambas instancias como magistrado bastaría para aterrar a cualquiera, pero allí no paran los entuertos. Tres meses después de haberse proferido el fallo de segunda instancia, firmado por quien no podía hacerlo por haber intervenido como ponente de la sentencia de primera instancia, alguien advirtió al Consejo de Estado de la “brutalidad” y decidieron enmendar el enredo acudiendo a un brusco artificio jurídico, o, para ser más claros, valiéndose de una chambonada o leguleyada.

En efecto, los colegas de Ordóñez —seguramente con su visto bueno—, con base en una norma del Código de Procedimiento Civil que permite aclarar errores en las providencias cuando se omiten firmas (artículo 311), admitieron, por sí y ante sí, y después de tres meses de ejecutoriada la sentencia que profirieron, que habían incurrido en el error de que firmara el fallo Ordóñez, quien según una amañada constancia secretarial “se encontró ausente (sic) durante la discusión y aprobación de la providencia”.

Admitamos que fue cierto que Ordóñez no participó en la discusión y aprobación del fallo de segunda instancia, pero aún así quedan sin explicación dos hechos importantes: en primer término, por qué no se declaró impedido para actuar, si lo estaba, y, en segundo lugar, por qué firmó una providencia de la que no había participado.

Se trató, ni más ni menos, de una conducta de Ordóñez cercana al prevaricato y la falsedad en documento público. Si el hoy procurador investigara un funcionario por hechos similares, tendría que destituirlo fulminantemente; empero, en el caso de marras el inmenso poder del entonces consejero de Estado lo puso una vez más a salvo de sus tropelías.

Adenda. La suspensión de la elección del representante de jueces y magistrados en el Consejo de Gobierno Judicial, un desconocido pero politizado doctor Vicente Calixto de Santis Caballero, ojalá sea señal de que la corruptela y el clientelismo serán desterrados de la justicia.

 

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