Por: Santiago Villa

Suspendo esta columna. Semana dos

El esquema de seguridad de la abogada de restitución de tierras Ludys Pedraza fue reducido el 28 de septiembre del 2013. Exhorto a que sea restituido.

La doctora Ludys Pedraza representa a las víctimas de un desplazamiento forzado que se realizó en el año 2002 en la parcelación El Prado, en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. Las 1.265 hectáreas de las 48 familias desplazadas fueron luego apropiadas por testaferros de los paramilitares y por nuevos ocupantes. En el año 2007 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez avaló un acuerdo para que la multinacional minera Glencore Xstrata (mediante Prodeco SA, una de sus subsidiarias) adquiriera los predios. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) tramitaría una permuta con Prodeco SA para que los ocupantes traspasaran estos predios a la multinacional, que ampliaría sus operaciones en este sector.

Prodeco SA pagó un monto por mejoras que los nuevos poseedores habían hecho a las parcelas, pero sólo se transfirieron a Prodeco SA las parcelas número 32, la 33, 34, 35 y 36. Las otras parcelas no fueron transferidas porque los nuevos poseedores se retiraron del acuerdo a último minuto.

Entretanto, avanzaba un proceso liderado por la doctora Ludys Pedraza para que se restituyeran las tierras a sus poseedores originales. Es decir, a las víctimas del desplazamiento. El cambio de opinión por parte de los nuevos poseedores se produjo casi al tiempo que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba la restitución de los predios a sus poseedores originales.

La sentencia, que el 12 de julio del 2012 fue ratificada en segunda instancia, hasta el momento no se ha cumplido. La doctora Ludys Pedraza sigue presionando para que se haga cumplimiento a ella, y entretanto ha sido amenazada reiteradas veces, como he expuesto en videos que compartí en la columna anterior.

Un artículo publicado en LaSillaVacía la semana pasada a raíz de la columna recuerda también el caso de Mechoacán, similar al de El Prado, también en La Jagua de Ibirico.

Ver artículo aquí: http://lasillavacia.com/queridodiario/con-riesgo-extraordinario-pero-sin-medidas-de-proteccion-45876

Como se refiere LaSillaVacía, en Mechoacán el desplazamiento de más de veinte familias inició en 1999, y se intensificó en 2004 tras el asesinato de Luis Trespalacio Herrera, el presidente de la Junta de Acción Comunal, a manos de los paramilitares. Las parcelas fueron luego apropiadas por segundos de forma ilegal, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Estas tierras fueron, a su vez, adquiridas por la multinacional Drummond, que adelanta explotaciones de carbón en la zona.   

Estos son los casos que lleva la doctora Ludys Pedraza y por los cuales ha sido amenazada.

El director de la Agencia Nacional de Protección, Andrés Villamizar, atendió desde el mismo martes la denuncia que hice en la columna de la semana pasada. Tras un intercambio de correos que sostuvimos durante la semana pasada, el viernes en la tarde envió una respuesta detallada a la columna. En ella explica la decisión de reducir el esquema de seguridad. Esta decisión no la toma el doctor Villamizar, sino el Grupo de Valoración Preliminar y el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos.

En su respuesta, el doctor Villamizar afirma que no hubo ninguna violación a los protocolos y que la reducción al esquema de seguridad no fue ilegal. También dice que la Agencia Nacional de Protección ha prestado toda la atención debida a este caso.

En la próxima columna expondré todos los detalles de la respuesta que dio el doctor Villamizar. Presentaré también la respuesta que a ellos hace la doctora Ludys Pedraza, que tiene serios reparos a los procedimientos que llevaron a la reducción de su esquema de seguridad.

Aunque puede ser un proceso largo, seguiré tratando este tema en las columnas siguientes. Considero que la insistencia y la información que aquí comparto pueden ser útiles para esclarecer a los lectores los procedimientos que se siguen cuando se protegen a las víctimas y defensores de víctimas, o se hacen cambios a los esquemas de seguridad. Es una serie de columnas poco ortodoxa, por lo que agradeceré la paciencia de los lectores, pero hallo que tiene valor periodístico y humanitario.

Dado que el tema se extenderá, aprovecho para invitar a los lectores a hacer preguntas sobre los casos que sigue la doctora Ludys Pedraza. Pueden enviarlas a mi cuenta de Twitter y les daré respuesta en estas columnas, a medida que hago seguimiento al tema. No podré responder todas, pero procuraré atender al menos dos por semana.     

Twitter: @santiagovillach

 

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