Por: Eduardo Barajas Sandoval

Tal vez Sisi no sea el problema

Siempre será preocupante que, bajo cualquier modalidad, los gobernantes tiendan a prolongar su permanencia en el poder. En términos tradicionales, bajo reglas democráticas, dos períodos de cuatro años parecerían ser una medida aceptable. Las manipulaciones institucionales destinadas a consolidar la continuidad, bajo cualquier sistema, con recursos calculados para darle a la decisión un revestimiento democrático, resultan acomodaticias y alarmantes. Ante una arremetida de esa índole, preocupa la sensación de impotencia de la sociedad. El reto siempre será el del fortalecimiento ciudadano.

Claro está que las consideraciones anteriores tienen plena validez frente a los ideales propios de las democracias occidentales. En el mismo orden de ideas, no resulta fácil que sociedades con larga historia, tradiciones y experiencias de otra índole resulten de la noche a la mañana amoldadas a esos ideales. Precisamente una de las grandes equivocaciones de algunas potencias contemporáneas ha consistido en esperar que países con 20 veces más historia que ellas pasen súbitamente de sus experimentos milenarios a funcionar conforme a un típico modelo republicano y bipartidista.

Sin perjuicio de particularidades o dificultades presentes en uno u otro caso, toda transformación política que implique la consolidación de un Estado de derecho, con separación auténtica de poderes, gobierno y oposición dentro del sistema, partidos políticos, y supremacía de una ley estable y justa, resulta mucho mejor que los procesos tendientes a sostener desequilibrios de poderes, permanencia de una sola persona investida por largo tiempo de potestades supremas y ausencia de partidos que representen alternativas de poder.  

Mediante un referendo de tres días de votación, Egipto ha culminado un proceso orientado a modificar su Constitución, con el objeto de aumentar la duración del período presidencial de cuatro a seis años, fortalecer el poder del Ejecutivo frente a la rama judicial y fomentar el papel político de las Fuerzas Armadas.

En la medida que el resultado presumiblemente reitera la vigencia del esquema de ejercicio del poder que ha imperado en ese país desde la abolición de la monarquía, se dispararon las alarmas que advierten de los retrocesos democráticos en el mundo árabe. Mientras en Sudán y Argelia, con la salida de los presidentes Bashir y Bouteflika, existe todavía la posibilidad de un cambio de modelo, exigido por la gente amotinada en las calles, en el caso egipcio las cosas quedarían aún más consolidadas que como estaban, y con refrendación popular. Con la consecuencia inmediata de asegurar la presencia del presidente Abdel Fattah al-Sisi por una década más en el poder.

Desde la aparición de la república, hace seis décadas y media, cuatro presidentes, del mismo corte y bajo el mismo esquema, han ejercido el poder por más de 60 años. Nasser estuvo 16 años e inauguró el modelo. Sadat estuvo 10 y Mubarak, 30. Sisi fue elegido en 2014 con el 96,9% de los votos, para cuatro años, y reelegido en 2018 con el 97,08%, para culminar en el 2022. Ahora, conforme a la prolongación del período, su actual gobierno se extendería hasta 2024. Si a lo anterior se agrega la posibilidad de que entonces se presente para otro sexenio, la meta de 2030 estaría al alcance de la mano.

Existen factores, internos e internacionales, que además del voto popular promovido por el propio gobierno terminarían por reforzar el esquema de presidencia autoritaria que domina el país. El primero es la tradición de contar con un Jefe Supremo, “Rais”, que provenga de las Fuerzas Armadas y ejerza sus funciones sin demasiadas limitaciones. El segundo es la experiencia reciente de cuando los opositores al sistema consiguieron llegar al poder en 2011, con Mohammed Mursi, y demostraron su total falta de experiencia; su fracaso fue tan ostensible que para muchos resultó preferible, al cabo de un año, retornar al esquema tradicional. El tercero es el resultado económico de la alianza del régimen con los grandes grupos empresariales internos, y la sensación de seguridad que representa un soporte importante para la actividad turística y los intereses económicos internacionales, supremamente celosos cuando se trata de garantías y estabilidad.

Existen además una sensación de credibilidad y una capacidad de disuasión que el régimen le confiere a Egipto en el escenario internacional, como primera potencia árabe y líder continental africano. A ellas se suma el hecho trascendental de que haya sellado con Israel hace 40 años una paz que perdura y ha sido factor de estabilidad en medio de las convulsiones propias del Oriente Medio. El paisaje sería muy diferente sin las garantías del acuerdo que les valió el Premio Nobel al presidente Sadat y al primer ministro Begin. Mubarak y Sisi han militado en la causa del mantenimiento de esa paz, actitud aplaudida por buena parte del resto del mundo.

Dueño del paso del canal del Suez y garante de su funcionamiento, además de comprador sobresaliente de armas de diversa procedencia, Egipto ha consolidado un circulo de favorabilidad entre países que, unos más convencidos que otros, no se atreven a cuestionar un modelo con múltiples defectos internos, denunciados por organismos internacionales de defensa de derechos, pero que resulta benéfico para sus intereses. Situación que la diplomacia egipcia conoce y maneja con perfección. Muestra de lo cual, y de la sensación de poderío de su Rais, se puede apreciar en la actitud del presidente Sisi en su reciente visita a Washington, no como subalterno novato en esas lides, sino como el jefe de un país que les lleva a los Estados Unidos milenios de experiencia. Los mismos que les llevan los constructores de pirámides a los de rascacielos.

Las especulaciones anteriores, que podrían parecer destinadas a justificar la continuidad del modelo egipcio, pretenden aportar más bien una cuota de realismo en la mirada al porvenir de ese país sustancial en la marcha del mundo contemporáneo. Revertir de inmediato el curso de los acontecimientos que han culminado con la reforma política recién aprobada es tarea de ilusos.

En cambio, en países como ese, y como el nuestro, distantes todavía de conseguir un verdadero “Estado de derecho”, con todas sus implicaciones, deben surgir iniciativas de cambio calculadas en los tiempos necesarios para que la condición ciudadana se fortalezca, y con ello eche mejores raíces la democracia. Tarea de líderes, antiguos y nuevos, tradicionales e innovadores, que se puede ejercer desde dentro y fuera de partidos políticos, y que ha de comenzar por la búsqueda de acuerdos sobre principios esenciales que, según la experiencia histórica y las culturas nacionales, garanticen la libertad, la igualdad y la felicidad colectivas. Lo demás será cuestión de discutir sobre las diferentes opciones para conseguirlas.

 

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