Tambalea coloso de El Ubérrimo

Noticias destacadas de Opinión

Por unanimidad los cinco (5) magistrados de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidieron medida de aseguramiento domiciliario para el Senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal como piezas de una operación de manipulación de testigos.

La sala considera, con ponencia del Magistrado César Reyes, que el Senador es el determinador, o autor intelectual, de delitos que luego cometen tangiblemente abogados que trabajan para él (¿Diego Cadena, también con aseguramiento domiciliario, será ya muestra de este proceder?). El aseguramiento de Uribe no es una medida caprichosa y exagerada sino la natural y obvia consecuencia de que “las pruebas son claras, inequívocas, concluyentes”, según la Corte, en providencia que tiene 1554 páginas, 22 de conclusiones, donde figuran testimonios, grabaciones, mucha información cruzada de distinta índole, etc. (El Espectador, 6 de agosto).

La lógica de la decisión no tiene que ver con la hoja de vida de la persona, su trayectoria, sus cargos, sus méritos y honores. No es deductiva, es inductiva: se basa en hechos concretos, recientes, y precisamente porque el hecho englobante es el de manipulación, el aseguramiento se orienta a tratar de impedir que esa manipulación continúe como posiblemente ocurriría si el inminente juicio se realiza con el notable pero mañoso sindicado en libertad. Nadie está por encima de la ley.

Al advertir que esta sería la decisión todo el entorno del Senador y Expresidente, su partido, funcionarios de sus dos gobiernos (2002-2010) y del gobierno actual, el propio Presidente de la República Iván Duque, con resonancia amplísima en medios, se congregó para rodearlo. Apelando falazmente al argumento del imposible moral trataban de presionar a los magistrados. Las altas Cortes -Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y Justicia Especial para la Paz- en enérgico pronunciamiento rechazaron en forma unánime las presiones indebidas de todo origen. Similares pronunciamientos se produjeron a nivel internacional.

Si así son las cosas se ve que no tiene ningún sentido la tesis de la confabulación. Confabulación sería que poderes extraños, políticos y otros, se coaligaran para intervenir e instrumentalizar los órganos de justicia a fin de perjudicar con decisiones torcidas a una persona o conglomerado. ¿De dónde va a resultar el poder para hacer tal cosa con una oposición social y política a la que se desprecia (“esa vieja…”), estigmatiza, persigue y diezma con saña todo el tiempo? Tales estratagemas se dan desde el poder omnímodo no desde la oposición apenas sobreviviente a las “garantías hostiles”.

Paradójico sí es que quien desató el proceso, el acusador, Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, termine siendo el acusado porque la Corte en sus pesquisas encontró que quien realmente estaba manipulando testigos no era Cepeda, al que declaró inocente, sino Uribe a quien abrió proceso. Por eso, de manera preventiva, se dispone la privación de libertad. En el momento Uribe está en su finca de El Ubérrimo, Departamento de Córdoba, afectado supuestamente por Covid-19.

La ofensiva se centra ahora en crear una situación de opinión adversa a la actuación de la Corte Suprema con el evidente propósito de influir sus decisiones o impedirlas. Aquí sí que hay un manejo político abusivo y condenable por parte del Presidente Duque y otros altos funcionarios que no acatan sino que atacan y generan una controversia que solo debería estarse dando en las propias instancias de la justicia como acertadamente lo ha señalado el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, en pronunciamiento del miércoles 5 de agosto. Debería abrir investigación.

Se interpreta la medida de aseguramiento como injusta, falta de garantías y atropello al debido proceso. Se compara la situación de Álvaro Uribe, Expresidente, con la de Jesús Santrich, disidente de las FARC, para decir que aquel no tiene la libertad que éste sí tuvo para defenderse y que terminó en fuga. Que no puede ser que un benefactor eximio del país tenga un duro tratamiento mientras autores de crímenes atroces se sientan tranquilos en sus curules del Senado de la República.

Autorizados juristas y exmagistrados como José Gregorio Hernández y Armando Novoa conceptúan que no son situaciones comparables porque Uribe está sometido a la justicia ordinaria, con fuero y garantías plenas, y los exjefes guerrilleros están sometidos a la justicia transicional, la cual tiene raceros diferentes, en aras de la paz, para calificar delitos y tazar penas. No se deben confundir, han observado, peras con manzanas.

Por supuesto el hecho jurídico tendrá ineludibles consecuencias políticas. Por ahora solo se puede decir que tambalea el coloso de El Ubérrimo para significar que comienza el fin de una era de ejercicio criminal del poder, que se debilita el liderazgo articulador de derechas legales e ilegales y detractor principal del Acuerdo Final de Paz, como certeramente lo ubican Le Monde (5 agosto) y El País (6 agosto).

El camino no es la desmesura de Paloma Valencia que propone constituyente para acabar con lo que sirve de la justicia, sino la mesura de Iván Cepeda cuando declara: “lo más importante no es la cárcel, es la verdad”.

luis.sandoval.1843@gmail.com

Comparte en redes: