Por: José Fernando Isaza

Telenovela

Hace unas décadas, se emitía por la televisión colombiana una exitosa telenovela mejicana llamada Los ricos también lloran. Oyendo recientes declaraciones de dirigentes, vinculados al sector minero y petrolero, es casi imposible no evocar el título de la novela.

Las bonanzas de precios de los productos minero-energéticos que se produjeron en la década pasada, en buena parte jalonadas por la demanda que generó el crecimiento de la economía china, también llegaron a nuestro país. Sin embargo, los beneficios no fueron equitativos cuando se analiza la relación Estado/empresa. En Colombia, el tratamiento fiscal dado por el gobierno de Uribe a la inversión minero-energética llevó a que la parte del león se dirigiera a las empresas y no al fisco. Durante el período de altos precios, Colombia se caracterizó por el dudoso honor de tener, entre los países latinoamericanos, la menor participación del Estado en las utilidades.

No se justificaban las exenciones tributarias: aceptar como costos deducibles de impuesto las inversiones en actividades capital intensivas, reducciones al impuesto de ventas, zonas francas uniempresariales etc., en período de auge de los precios.

La respuesta del gobierno anterior a los estudios que analizaban la inconveniencia del régimen fiscal y de regalías, era “hay que mantener la confianza inversionista”. Al mismo tiempo, países con tradición minera, como Canadá y Australia, ajustaron los esquemas de participación del Gobierno en las utilidades, para que la sociedad se beneficiara del boom de precios. Esta práctica es normal: si los precios bajan, las fórmulas reducen la participación del Estado; lo contrario sucede si suben. En la bonanza de precios y utilidades no se oyeron amenazas de retiro de empresas mineras aduciendo que en Canadá o Australia se estuviera destruyendo la confianza inversionista. Las inversiones minero-energéticas se definen, fundamentalmente, por los niveles de precios del momento y por las proyecciones, casi siempre fallidas, del precio futuro.

El anterior director de la DIAN mostraba cómo algunas empresas petroleras pagaban menos del 2% de los ingresos en impuestos y comparaba esta cifra con el aproximadamente 20% del ingreso que paga en impuestos un asalariado de ingreso medio o alto.

El ciclo de altos precios les permitió a algunas grandes empresas mineras generar en un año utilidades casi iguales al valor del patrimonio invertido. El pensador Perogrullo diría que es mejor para las empresas petroleras que el petróleo se cotice a US$100/barril, que a US$50/barril. Pero es bueno recordar, ante las solicitudes de ayuda gubernamental (léase reducción de regalías e impuestos), que muchas inversiones se hicieron con estimativos de precios más cercanos a US$40/barril, que a US$100.

Entre 1981 y 1991, los precios oscilaron ente US$14 y US$23/barril. En el año 2000, llegaron a US$28/barril; hasta el año 2005 los precios no superaban los US$50; en esos años o antes, se tomaron las decisiones de inversión. Los altos precios del período 2008-2013 fueron una “ganancia ocasional” extraordinaria. En ese período las empresas no plantearon una mayor participación al Estado, teniendo en cuenta que los precios superaban las expectativas.

Los precios minero-energéticos suelen ser cíclicos. Puede pensarse que es el momento adecuado para revisar la participación gubernamental, para que cuando el período de precios altos regrese, el país se beneficie de las locomotoras minero-energéticas.

 

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