Por: Andreas Forer

Tentativa de una cuarta sentencia en justicia y paz

Hasta el jueves en la tarde el anuncio era bastante optimista y prometedor: tendremos una cuarta sentencia en el proceso de justicia y paz, quizá, pudo haber sido la segunda o tercera en firme, pero, algo falló. ¿Qué sucedió?

Pues bien, ayer viernes el Tribunal de Bogotá iba a dictar sentencia en el caso de A. Machado, desmovilizado del Bloque Catatumbo de las Autodefensas, sin embargo, un aspecto en particular impidió que hubiera fallo: se argumentó que la reparación colectiva no podía faltar en el caso específico a pesar de haber sido tratada la situación del Bloque al que perteneció el desmovilizado en otra sentencia macro en relación de su comandante ya fallada.

En columnas anteriores me he referido a la Reparación a las víctimas como el aspecto más complejo dentro del proceso de justicia y paz, y la tentativa de sentencia sucedida ayer viernes en el Tribunal, demuestra esta idea, y me da licencia para adicionar argumentos a favor de la siguiente hipótesis: el proceso judicial de justicia y paz no es el escenario adecuado para garantizar el derecho a la reparación individual a las víctimas del conflicto armado en Colombia, y mucho menos  lo es para garantizar el derecho a la reparación colectiva.

Ya en la primera sentencia en firme dictada en abril de este año, en la cual fueron condenados dos ex paramilitares por su participación en la masacre de Mampuján, entre otros hechos, la Corte Suprema de Justicia destaca la decisión de descartar la ‘equidad’ como criterio principal para tasar los perjuicios en el proceso, y, en su lugar, imponer los criterios legales tradicionales que implican la ponderación de las pruebas aportadas al proceso. En consecuencia, no se puede hacer una reparacion global, cada caso debe ser evaluado y tasado de manera individual.

A pesar de lo afortunada que encuentro esta decisión por corresponder con la legalidad, debo advertir que genera un efecto que apoya la hipótesis formulada arriba: no garantizará la reparación individual ni colectiva a las víctimas por tres motivos: i) el gran volumen de víctimas que acuden al proceso a revindicar su derecho a la reparación; ii) la complejidad que reviste el criterio de reparación decidido por la Corte;  y, iii) el tiempo que demora un tribunal en fallar con base en ese criterio.

Estas tres razones hacen de la reparación individual en justicia y paz un derecho reconocido en la teoría pero dificilmente realizable en la práctica.

Ahora, tratándose de la reparación colectiva, si bien la sentencia del caso Mampuján, no contradijo lo fallado por el tribunal de primera instancia  y permitió que esta figura continúe siendo parte del proceso penal, lo sucedido ayer en el intento fallido de sentencia, en la cual, las particularidades de la reparación colectiva no lograron decidirse, incidiendo en el fallo, llevan a concluir que esa forma de reparación tampoco debería ser parte del proceso judicial.

Para evitar malas interpretaciones, soy un convencido de la necesidad de garantizar los derechos a la reparación individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero, considero que el proceso judicial y, en particular, el de Justicia y Paz, no es la vía más adecuada. Con lo que quiero decir que apoyo las iniciativas que poco a poco han surgido en torno a llevar el derecho a la reparación a un escenario más rápido y efectivo de carácter administrativo, esto es, dejarlo a cargo del Estado.

Si esta propuesta se materializa, estoy convencido que la reparación dejará de ser un derecho retórico discutido pero no resuelto en el proceso judicial y pasará a ser una realidad para sus legítimos beneficiarios: los sobrevivientes.

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Aclaración final: después del fallo del caso Mampuján, en Justicia y Paz hay dos condenados, pero, no hay ninguna víctima reparada ¿necesitamos más pruebas?

En twitter: @andreasforer

 

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