Por: Gustavo Gallón

Terreno, tierra y territorio

CON UNA INVITACIÓN A "ANALIZAR en el terreno la situación de Colombia", el Gobierno ha descalificado el reciente informe sobre el país producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A su juicio, no reconoce los avances y sobredimensiona las dificultades, y tiene “más una actitud inquisidora que una actitud cooperante” (El Tiempo, abril 16/11, p. 9). Extraño, porque el informe está basado en información “obtenida en el terreno”, que revela la persistencia de una grave situación de violencia relacionada en buena parte con la usurpación de tierras y que afecta de manera especialmente grave los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.

Los datos de terreno le han sido suministrados en parte por la “Misión de Apoyo al Proceso de Paz” (MAPP/OEA), que hace seguimiento directamente en nuestro país al proceso de legalización de los paramilitares. Por ello la Comisión percibe que continúan presentándose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios y extorsiones por parte de grupos que “operan de modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares” contra poblaciones vulnerables, activistas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. Advierte que no hay sentencias definitivas, que la extradición de varios líderes paramilitares a Estados Unidos ha producido una virtual paralización del esclarecimiento de los graves crímenes perpetrados por estos grupos y que las víctimas sufren serias limitaciones para participar en los procesos.

También el Gobierno, desde el terreno, le ha informado a la Comisión Interamericana que durante el año 2010 se registraron cinco casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a agentes del Estado, a pesar de la expedición, en diciembre de 2009, de un “Manual de Derecho Operacional” y unas “Reglas de Enfrentamiento”, para sujetar las operaciones militares al respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario. Son igualmente las autoridades colombianas las que le han dicho que hay más de 200 conflictos de competencia sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, pese a que su juzgamiento corresponde a la justicia ordinaria y no a la militar.

Es conocida la indebida afectación de territorios indígenas por represas (Los Bezotes, Río Ranchería, Puerto Multipropósito Brisa) o por proyectos mineros o petroleros. Lo que no se conocía es que el Gobierno no se siente obligado a abstenerse de causar daños con dichas obras, sino sólo a mitigarlos, si resulta negativa la consulta que debe hacer con los pueblos indígenas al respecto, según el Convenio 169 de la OIT. “De no ser posible la no influencia en territorios sagrados, se realiza una identificación de impactos y se abre el espacio para concertar acuerdos dirigidos a mitigar los daños”,  le dijo desde el terreno el Gobierno a la Comisión Interamericana para este informe.

Reconociendo avances, como el proyecto de ley de víctimas y la conferencia sobre derechos humanos convocada por el vicepresidente, la Comisión ha invitado al Gobierno a corregir estas y otras fallas protuberantes, como la depuración de archivos de inteligencia. Mejor cooperación no se podría pedir.

* Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org

 

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