Por: Piedad Bonnett

Tiempos difíciles

El martes 17 de septiembre la Asamblea Nacional ecuatoriana votó en contra de la despenalización del aborto, aun en los casos de violación —incluida la incestuosa— y de malformación del feto, en acto que podría leerse como un reto desafiante contra las militantes proaborto, pues se hizo poco antes del pasado 28 de septiembre, cuando se celebró el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Parece mentira, pero en pleno siglo XXI todavía hay países como Ecuador, o como Nicaragua y República Dominicana, que no aceptan el aborto en ningún caso, ni siquiera cuando la salud de la madre peligra. También persiste lo punitivo: en El Salvador, por ejemplo, Evelyn Hernández, de 18 años, quien fue violada reiteradamente por un pandillero, fue condenada en 2016 a 30 años por intento de aborto.

En Colombia parecería que estamos en otro estadio de la batalla. Sin embargo, aun cuando el aborto es permitido en tres casos, la realidad no es para nada halagüeña: la ignorancia de la ley, por una parte, y los innumerables esguinces de hospitales y médicos para no cumplirla (que incluyen maltratos y humillaciones a las pacientes) hacen que muchas mujeres deban asumir una maternidad indeseada o que opten por métodos atroces para interrumpir el embarazo, poniéndose en grave peligro. Por fortuna, Médicos Sin Fronteras se ha propuesto ayudar a mujeres colombianas que necesitan abortar, concentrándose en las regiones más apartadas del país. Según su informe, el 34% de las pacientes atendidas son niñas entre los 12 y los 19 años, muchas de las cuales, podemos conjeturar, han sido abusadas o no tienen acceso a anticonceptivos por sus condiciones de pobreza y por la dificultad de acceder a servicios de salud adecuados.

Lo cierto es que la lucha por la plena autonomía de nuestros cuerpos se está dando en toda la región, pero en condiciones muy difíciles, en parte por el retorno de un discurso moral conservador que, desde la derecha, defiende un ideal de familia que va acompañado de homofobia y de claros signos misóginos. Ideal que se apoya en el fanatismo de todas las iglesias, incluida la católica, como lo comprueba el exabrupto de Giovanni Battista, cardenal italiano que en estos días afirmó, a propósito de una niña de nueve años que quedó embarazada de su padrastro y cuya familia quería interrumpir el embarazo: “La violación es menos grave que el aborto”. Una frase asquerosa, que evidencia que la violencia patriarcal también existe en esas instituciones.

De linchamientos. Las acusaciones de acoso, hostigamiento o persecución deben ser juzgadas en las instancias legales o institucionales creadas para tal fin. Por tanto, la condena a priori y la expulsión a gritos de un espacio público de alguien a quien se señala —sin ninguna prueba— de estos delitos, como sucedió en dos casos distintos hace unos días, equivale a hacer justicia por mano propia. Algo no muy lejano de aquellos linchamientos atroces que se dan a partir de que alguien señala en la calle a cualquiera —a veces inocente— gritando “violador” o “asesino”. Más repudiable aun fue que esto se dio en un evento de escritores y en una asamblea de género, espacios dispuestos para el diálogo y la exposición de ideas. Un regreso a la barbarie.

884545

2019-10-06T00:00:57-05:00

column

2019-10-06T00:15:02-05:00

[email protected]

none

Tiempos difíciles

18

3391

3409

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Piedad Bonnett

Dónde están los ladrones

Los que sobran

Por qué Claudia

#PrevenirEsPreguntar

Los niños