Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Tiempos para una minería responsable

Los tiempos están cambiando y tienen que seguir cambiando.

La presión social, unida a sentencias de la Corte Constitucional, nos señala que se están creando condiciones para hacer minería solo cuando sea una actividad responsable y de beneficio social. En este contexto, el presidente nos dice que eligió al doctor Murillo como ministro del Ambiente porque él sabe cómo hacer minería responsable.

La extracción de recursos mineros e hidrocarburos solo debe llevarse a cabo cuando una evaluación integral de su impacto social, económico y ambiental así lo señale, de lo contrario, la determinación debe ser mantenerlos bajo tierra. Una sociedad bien informada y con buenas instituciones públicas debe ser capaz de tomar adecuadas determinaciones a este respecto.

En el ámbito mundial hay grandes contrastes. Mientras algunos países han aprovechado la minería como fuente de recursos para el desarrollo sostenible (Noruega, Suecia), hay otros donde ha generado corrupción (Venezuela, Nigeria), dando lugar a destrucción ambiental y social. En Colombia, la crisis del precio del petróleo nos demuestra la importancia que tomaron los recursos naturales no renovables para apoyar múltiples tareas asociadas a nuestro desarrollo. Y en medio de tal crisis sufrimos las consecuencias de la gran corrupción asociada a la minería.

El nuevo ministro experimentará múltiples presiones. Hemos vivido un acelerado y no controlado proceso de titulación minera, pues en el 2002 el área titulada para minería era de 1,1 millones de hectáreas; para el 2009 eran 8,4 millones de hectáreas y para el 2010, en Ingeominas se recibieron solicitudes por 40 millones de hectáreas, es decir, el 36 % de la superficie del país. Un sistema que crece a esta velocidad colapsa y genera impactos negativos. La Procuraduría ha solicitado a la Agencia Nacional Minera cancelar 37 títulos mineros otorgados en áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Hoy, hay una gran desconfianza social frente a la minería que se percibe como una amenaza para las comunidades. Estas se organizan y muestran su desacuerdo con la interpretación del Código de Minas (Art 13), que pretende que las determinaciones sobre el uso de su subsuelo pueden ser tomadas desde el Gobierno Central. La Corte Constitucional también manifiesta su desacuerdo al respecto. El país despierta y sabe que en algunos escenarios la minería no es de utilidad pública ni de interés social.

La contribución de los procesos extractivos al desarrollo sostenible depende de cómo invirtamos los excedentes asociados a esta actividad en formación de capital social, redistribución del ingreso y diversificación productiva. Para ello es indispensable desarrollar la institucionalidad y mejorar nuestra capacidad de negociación y supervisión, para evitar impactos ambientales innecesarios y recibir mayores beneficios.

Las comunidades locales y los entes regionales deben participar en la toma de decisiones y en la supervisión de los procesos extractivos. Entre otras cosas, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de verificar el monto de los excedentes asociados a la extracción y venta de nuestro patrimonio natural. Deben ser públicos los acuerdos de largo plazo con cada una de las empresas, los impuestos que se pagan, y cómo se acuerdan y liquidan las regalías. Falta camino por recorrer para asegurar una minería responsable, tenemos que caminarlo. 

 

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