"Si vamos a decidir sobre la vida y la muerte, vamos a hacerlo juntos": Claudia López

hace 9 horas
Por: Luis Carvajal Basto

¿Tiene dueño la protesta social?

¿Además del gobierno legítimamente elegido, alguien puede adjudicarse la vocería de los colombianos?

La representatividad de sectores que han convocado paros y protestas en nombre de la ciudadanía, en la pretensión de “negociar” con el gobierno, comienza a ponerse en entredicho con la aparición de otras expresiones ciudadanas que, como los convocantes de los paros pero sin pretender condicionar las decisiones de gobierno sin haber sido elegidos (cogobernar), considera que puede colaborar en el diseño de reformas que el país, evidentemente, necesita.

Construir y proponer es un escalón superior a reclamar, aunque a quienes presenten demandas, diferente a soluciones, les asista un legítimo derecho que no necesariamente les concede, al defender sus intereses, el de hacerlo a nombre los de todos los ciudadanos asumiendo que “les representan”.

Independientemente de sus contenidos, con los que podemos estar o no de acuerdo, la aparición de un nutrido y notable grupo de ciudadanos, intelectuales, líderes empresariales, ex ministros, ex rectores, estudiantes y la presentación de lo que han llamado un “Manifiesto por Colombia” (ver aquí), ha puesto sobre la mesa al menos tres aspectos dignos de considerar :1) Los promotores de los paros representan sectores muy significativos (Maestros, trabajadores sindicalizados, estudiantes, líderes políticos Etc.) pero no pueden atribuirse la vocería de los colombianos, entre otras razones porque sus intereses intentan representar las aspiraciones de todos, 2) el gobierno que cuestionan fue elegido por una mayoría, cumpliendo con unas normas y dentro de un marco constitucional que debe ser respetado, y 3) al gobierno le queda muy complicado satisfacer las aspiraciones de los protestantes, sobre todo si no consideran los derechos de quienes no lo hacen, una mayoría hasta ahora silenciosa.

La solicitud de mejora en sus derechos adquiridos, condiciones de trabajo y salud es y será un ejercicio legítimo en una sociedad democrática. Tal es el caso de la inmensa mayoría del núcleo “duro” de convocantes. Es imposible desconocer que el Estado tiene recursos limitados y debe atender las necesidades de todos sin privilegiar los de algunos sectores o grupos en particular. Ni siquiera el monstruo de la corrupción, que se lleva gran parte de esos recursos, puede justificar el desconocimiento de normas, instituciones y sentido de equilibrio e igualdad, sino, por el contrario, demandar su cumplimiento. Tampoco valen como argumento los lamentables asesinatos de líderes sociales un hecho derivado del narcotráfico y fenómenos asociados del que no puede acusarse a las instituciones ni al gobierno.

Dentro de nuestro ordenamiento institucional, respeto y acatamiento a la regla de mayorías, el segundo aspecto, es un elemento central para la convivencia. Hace apenas un año y medio los colombianos conferimos un mandato al presidente Duque. En este periodo la oposición, como es natural, le ha ejercido hasta persuadirle de conformar una coalición mayoritaria; una iniciativa que ha tardado mucho más de lo necesario en asumir. ¿Alguien vio en ello señales de debilidad como para pretender “sentar” al gobierno a negociar sus decisiones de política y la orientación de los recursos públicos? ¿Alguien quiere utilizarla para fortalecer sus aspiraciones personales en unas próximas elecciones?

El tercer aspecto es un principio de las sociedades democráticas y se refiere a las libertades: nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Sobre ellos pervive el interés general. ¿Debemos celebrar elecciones cada vez que un sector de la sociedad reclama la orientación de decisiones públicas para resolver diferencias? ¿Es esa la meta de los convocantes de los paros tras la repetición, ad infinitum, de sus protestas o la amenaza de ellas? ¿Deben, quienes no protestan, darse por representados con su silencio o limitarse a padecer sus consecuencias?

La aparición de expresiones ciudadanas, como el “Manifiesto por Colombia” le pone calor, color y calidad al debate público, comenzando con la simplificación, en 13 puntos, de una agenda sobre la cual intentan construir país en lugar de destruirlo y no puede ser más que bienvenida.

Luego de tantos años de violencia alentada y distorsionada por la nefasta influencia del narcotráfico, deberíamos privilegiar el lenguaje de las razones al de presiones, chantajes y amenazas. Existen muchas necesidades que dependen de nosotros y de los gobiernos sobre las que podemos actuar con sensatez a cambio de polarizar y promover confrontaciones inútiles. Estamos hastiados de ellas.

@herejesyluis

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2020-02-17T00:00:14-05:00

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