Por: Alejandro Reyes Posada

La tierra en la altillanura

La realidad más básica de la tierra en Colombia es su diversidad regional, y por eso una política agraria sensata debe tener un enfoque territorial, como el Gobierno definió en la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo.

 El problema agrario es distinto en cada territorio y por esa razón fracasan los planes que no toman en cuenta esas diferencias.

Un fracaso histórico evidente es la aplicación de las leyes de baldíos, cuya titulación se tramita por demanda, muy rezagada de la ocupación económica y la valorización, y el resultado final es la transferencia de rentas a particulares, casi nunca los colonos originales, que son vendedores de mejoras que otros capitalizan en derechos de propiedad.

Esta gigantesca trampa ha sido, simultáneamente, la raíz de los conflictos entre campesinos y terratenientes, y la fábrica de patrimonios de las élites territoriales, que fallaron en su misión de desarrollar los territorios porque la sociedad les garantizó rentas del suelo sin exigirles retribución en impuestos ni elevar la productividad con esfuerzo empresarial. El derecho agrario, y los jueces especializados en su aplicación, favorables a los campesinos, han sido barridos en la práctica por el derecho y los jueces civiles, verdaderos generadores de los derechos de propiedad para sus clientelas privadas, ante la mirada indiferente de los gobiernos.

Por eso el conflicto agrario ocurre en las regiones con estructura bimodal, con alta densidad campesina sin tierras y alta concentración en latifundios casi ociosos, disfrazados de ganadería extensiva, como la región Caribe y el Magdalena Medio, que concentran el mayor potencial del país para distribuir la tierra y expandir la agricultura.

No es en la altillanura del Meta y Vichada donde los baldíos deben ser usados para dar acceso a tierras a los campesinos, pues allí los suelos orgánicos son extremadamente ácidos y pobres en nutrientes y cuesta una fortuna habilitarlos para la producción, y sólo se logra con economías de escala en grandes áreas y a mediano plazo.

Como se hizo en Chile y Perú, el desarrollo de esa última frontera agrícola debe estar a cargo de la inversión privada, que debe internalizar los costos de infraestructura y provisión de servicios básicos a sus trabajadores dentro del costo de sus proyectos y asumir los riesgos de la producción agroindustrial y forestal, sin desplazarlos a los campesinos.

Aplicando el enfoque territorial, la altillanura debe ser desarrollada por la inversión privada, con fuertes restricciones ambientales, y con respeto por los resguardos indígenas de los sikuanis, mientras las buenas tierras incorporadas al mercado, con dotación de bienes públicos para la población, deben ser masivamente redistribuidas al campesinado, a medida que la nación recupere los baldíos fértiles que le fueron despojados con trampas legales.

El reciente proyecto de ley que busca la creación de zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidre) acierta al permitir escalas grandes de producción en la altillanura, superando la restricción de la unidad agrícola familiar, pero se enreda en contradicciones cuando pretende asociar campesinos al 15% del área del proyecto, con tierras adquiridas a crédito, bajo la gerencia de los inversionistas, que puede convertirse en la sociedad entre el zorro y las gallinas, cargando al Gobierno el costo de la mano de obra.

Es preferible que ese desarrollo de la altillanura esté a cargo de los inversionistas, con regulación del Estado, y que el acceso a tierras para campesinos ocurra en territorios con buenos suelos e infraestructura, cercanos al mercado.

 

Alejandro Reyes Posada *

 

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