Por: María Emma Wills

Tierra, Farc y política agraria

CON LOS RECIENTES  GOLPES A LAS Farc muchos comienzan a imaginar lo que hace unos años ni siquiera los colombianos contemplábamos como posibilidad: que esta guerrilla sea derrotada o por lo menos reducida militarmente.

Algunos quizás imaginen que, con esta derrota, los problemas del campo desaparecen y que el balance de esta larga, cruenta y degradada guerra sea la consolidación de una estructura de la propiedad agraria más concentrada y a la vez más moderna.

 La otra cara de la moneda de esta modernización son los miles de campesinos desplazados que hoy tratan de sobrevivir en las ciudades. Ellos son las grandes víctimas de este conflicto y su número es tan alto que Colombia ocupa uno de los primeros lugares en la deshonrosa lista de países con más desplazados internos.

Estos desplazados, independientemente de la suerte que corran las Farc y las demás guerrillas, son ciudadanos que han sufrido inmensamente y que esperan una reparación en parte concebida en términos de tierra.

 Así parezca increíble, a comienzos de este siglo XXI, la tierra, su distribución y su uso, sigue estando en el centro del conflicto. Así las Farc y las Auc se extingan o transformen en redes mercenarias armadas aún más vinculadas al narcotráfico que sus antecesoras, el problema de la tierra seguirá vigente encarnado esta vez en la figura de las víctimas que exigen y tienen derecho a la reparación.

 Por ejemplo, la comunidad de El Salado, en los Montes de María. Como lo señaló la Fiscalía, la masacre allí perpetrada por las Auc fue de unas proporciones aún peores que las que se temían en un principio. De 43 personas asesinadas, se ha pasado a hablar de más de cien. Cien personas torturadas, humilladas, vejadas, las mujeres violadas, en la plaza frente a la Iglesia, sus cuerpos descuartizados, delante de vecinos, niños, ancianos y adultos durante tres interminables días.

Como conciudadanos, ¿podemos ser ajenos a su tragedia? Así llegue la paz, ¿es posible llamarnos democráticos si no se les repara? ¿Qué paz y qué democracia queremos para este país cuando se supere el conflicto?

La democracia, además de fundarse en elecciones periódicas, es el régimen que propone que las necesidades y las voces de los ciudadanos puedan ser tenidas en cuenta por los hacedores de políticas públicas, independientemente de las condiciones sociales y raciales de las que provengan, y los credos religiosos que profesen.

 ¿Y qué piden estos ciudadanos tan duramente golpeados por el conflicto? Ante todo tierra porque a ella está vinculada su dignidad, su independencia económica y la posibilidad de ofrecer a sus familias una existencia, puede que no opulenta pero sí decorosa.

 Pero en los Montes de María, como lo decía un artículo de prensa hace poco, hay un gran movimiento de compra de tierras. “¿Y qué tierra nos van a dar si ya no va a quedar nada por comprar, distribuir o titular?”, se preguntan los campesinos angustiados.

 Frente a la deuda histórica acumulada con los campesinos, y en el marco de la reparación, el Estado enfrenta la oportunidad de elaborar una política capaz de detener por fin los ciclos de violencia recurrente que surgen del problema agrario no resuelto en el país.

Esto requiere plantearse, no sólo la distribución de las propiedades en manos de los jefes paramilitares y los narcos por la vía de la extinción de dominio, sino, también y de manera más contundente, caminos extraordinarios como la expropiación de tierras en zonas de gran sufrimiento humano y masacres colectivas.

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