Tierra para la protección

Columnista invitado EE
26 de julio de 2019 - 08:00 a. m.

Por Carlos Andrés Baquero Díaz

Hoy, miles de personas se movilizarán en varias partes del país y del mundo para gritar, una vez más, que a las y los líderes sociales en Colombia los están matando. Esta movilización en contra del silenciamiento, la desaparición y el asesinato mostrará el rechazo que la sociedad siente hacia estos crímenes. También le recordará al Gobierno nacional que se está rajando por no cumplir con su obligación de proteger la vida, el derecho fundamental más básico, de las personas que todos los días luchan por construir una sociedad más justa.

Una de las herramientas más poderosas que tiene el Gobierno para proteger a las y los líderes es garantizar su derecho colectivo al territorio y la territorialidad. A varias personas las han asesinado por impulsar procesos de restitución, como lo mencionó el senador Cepeda en entrevista con El Espectador. A las voces de los pueblos indígenas las han silenciado por oponerse a la expansión de los proyectos extractivos sobre sus territorios. Y a varios líderes afrodescendientes los han acallado por querer la titulación colectiva y hacerle frente a la expansión de la cocaína. Todas y todos ellos han muerto por tener sueños diferentes a la construcción de una mina, a la inundación creada por una represa, o a los proyectos de monocultivo legales e ilegales.

Las comunidades étnicas y campesinas le han dado soluciones al Gobierno para su protección, pero no les han hecho caso. Por ejemplo, le han pedido al presidente que se tome en serio el capítulo uno del Acuerdo de la Habana y garantice a las familias campesinas un acceso más democrático a la tierra. A su vez, le han exigido a la ministra del Interior que cumpla con lo pactado con la Mesa Permanente de Concertación y con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. En estos y otros muchos casos, la protección territorial les permitirá a las comunidades protegerse mejor de las balas que les han llegado a las puertas de sus casas.

Aunque el título colectivo de propiedad no es un escudo inquebrantable contra los actores legales e ilegales que están matando a las y los líderes, sí es una forma de protección y una intervención poderosa sobre el problema nacional de inequidad territorial. Con una mejor distribución de la tierra, las relaciones de poder que se están viviendo en el Pacífico, el Caribe o la Amazonía serán diferentes y las comunidades estarán más protegidas. Es hora de que el Estado pruebe otras soluciones porque la protección con carros blindados y celulares no ha dado los resultados esperados. En cambio, si cumple lo prometido y brinda acceso a la tierra y protección integral de la propiedad, estas comunidades podrán construir los proyectos de vida por los que se han movilizado y por los que cientos de sus líderes ya no están. Así que hoy, 26 de julio, recordemos a los que nos arrebataron, rechacemos sus asesinatos y exijamos al Gobierno que proteja a las comunidades para que, como han dicho las y los líderes, la tierra sea un esquema de protección.

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