Por: Andrés Hoyos

Tierras en concesión

Me dice un importante empresario agroindustrial paisa: “Mi grupo es dueño de 20.000 hectáreas, pero si mañana nos dicen que la tierra no es nuestra y que tenemos que aceptar que nos la den en concesión, no demandamos al Estado”. ¿A ver?

En el tema de la tierra y de la agricultura en Colombia hay mucha confusión y los periodistas no ayudan cuando repiten sin criterio lo que les dicen agentes interesados. Sugieren algunos, entre ellos las Farc, que el agro se puede desarrollar multiplicando las explotaciones campesinas. Claro que es bueno generar empleo en la pequeña agricultura, siempre que éste garantice una vida digna al campesino, lo que en muchos rincones del país no es fácil y, a veces, imposible, pero la población campesina es decreciente y está muy lejos de bastar para cultivar algún día los 22 millones de hectáreas aptas para agricultura que tenemos en el país. Además, cuando la agricultura avanza, genera poco empleo. En Europa no llega al 5% y en EE.UU. llega al 2%.

Está, de otro lado, la agroindustria, demonizada por tirios y troyanos. Se olvida, sin embargo, que estos empresarios son indispensables a la hora de hacer productivos los 17 millones de hectáreas de vocación agraria ocupados por potreros para la ganadería extensiva. El precio de la tierra tiene un peso pequeño en la inversión agrícola —oscila entre el 3% y el 20%—, de modo que no es el factor decisivo en la factibilidad del negocio. No obstante, su disponibilidad en firme sí es indispensable: cuando no hay tierra o su uso no está garantizado, no hay cultivo.

Aunque los procesos de restitución son importantes y hacen justicia histórica, estudiosos como Ana María Ibáñez advierten que apenas el 10% de los campesinos desplazados quieren volver a sus tierras. ¿Qué hacer, entonces, para que el 90% de predios restituidos se vuelven productivos si sus propietarios originales no los van a explotar?

Según los expertos, la intervención del Estado en la propiedad de la tierra es bastante común en otros países. Por eso me extrañó que en su momento el completísimo informe del Pnud sobre el tema agrario, Razones para la esperanza, no explorara la casi obvia salida esbozada por mi contertulio paisa: que la tierra sea dada en concesión, tanto a empresarios como a campesinos, en aquellos lugares donde su propiedad sea peligrosa, inestable, contenciosa o simplemente incierta. El Estado podría hacerse con un gran banco de tierras, alimentado con las confiscadas a los grupos armados y a las mafias e incluso con aquellas que sea necesario expropiar en zonas estratégicas. Este último recurso, además, aumentaría de inmediato el valor catastral de los predios que quieran evitar su posible expropiación y con ello los impuestos prediales recaudados.

El problema en Colombia no es falta de tierra; es que la tierra no está por lo general en manos productivas. Se puede, según eso, cerrar la frontera agrícola y reforestar varios millones de hectáreas, entre ellos gran parte de los minifundios apartados y escarpados donde un campesino no puede vivir dignamente, y en paralelo desarrollar el agro.

Es condición sine qua non contar con un catastro moderno y con un censo agropecuario actualizado, pero la pregunta es para qué van a servir estos instrumentos. Resulta deseable saber cuál es la estrategia global de desarrollo agrario que propone cada partido o cada candidato. Hoy lo ignoramos.

 

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